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Parece un contrasentido, pero las nuevas autoridades electas en el 2018 no podrán liderar un sistema democrático solo por el mero hecho de ser electos democráticamente. El sistema político ha llegado a su punto final. Tras la dictadura stronista de 35 años unas elecciones libres, limpias y transparentes hacían la diferencia. Ahora no.
El gravísimo problema radica en que las instituciones democráticas ya no funcionan, se encuentran en su peor expresión en un periodo político sin dictadura. Esta vez no se trata solamente de déficits puntuales en la gestión democrática, sino de instituciones corrompidas, cautivas de grupos políticos nefastos, variopintos en términos partidarios, que son verdaderas asociaciones criminales. Una democracia sin instituciones libres no es tal.
El estado de corrupción institucional es tan generalizado que ningún Poder del Estado escapa a la trama de deshonra a sus obligaciones y de traición a sus funciones constitucionales en mayor o menor medida. La división de poderes fracasó porque no resultó “el sistema de recíproco control” (art. 3 de la Constitución). Ninguno de los Poderes alertó institucionalmente sobre la real situación de la corrupción, y las escasas o nulas medidas tomadas hasta la fecha son tenues, sin que sean acciones decisivas y ejemplares para combatir la corrupción política.
Los órganos extra poderes como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Ministerio Público, que debían sustraer del ámbito de los tres poderes y de la política diaria ciertas funciones tan sensibles al Estado de derecho para evitar abusos de poder, terminaron por convertirse en instituciones manipuladas por asociaciones criminales para conseguir impunidad con fines políticos, lograr enriquecimiento ilícito y perseguir a opositores políticos, torciendo con mucha facilidad la vara de la justicia. Evidentemente, se violentó el orden constitucional.
Los actuales miembros del JEM están bajo la sospecha pública de complicidad. Aún el “no saber nada” les pone en una situación de ineficiencia negligente, de descuido de sus tareas. En cualquier caso, no escapan a la pérdida de confianza ciudadana; por tanto, deben renunciar, como condición necesaria para recobrar la credibilidad institucional. Si la presión ciudadana no logra esto, no habrá una verdadera recuperación institucional.
Todo esto ha salido a la luz pública gracias a la filtración de los audios, de gran valor ciudadano y encomiable labor periodística, que ha evidenciado una serie de hechos punibles: usurpación de funciones públicas con gobierno paralelo, tráfico de influencias, soborno, extorsión, prevaricato, etc., pero los principales delitos son los atentados contra el orden constitucional, aunque acerca de estos hechos probablemente ni imputación habrá. Tratar las causas penales solo como casos particulares de Pedro contra Juan sin poner de contexto que se violaron bienes jurídicos como la democracia y el funcionamiento constitucional de las instituciones del Estado paraguayo, es mandar de vacaciones varios capítulos del Código penal, ¡justo los que tienen penas mayores!
Los audios, sin embargo, no representan un punto de inflexión. Los hechos delictivos continuarán en forma de impunidad. Pero, los audios sí sirven para demostrar que nuestra democracia está en un punto muerto. Nada alentador.
Por cierto, la casi totalidad de los violadores de la Constitución estarán sentados en el Congreso Nacional en el próximo periodo de gobierno, que así será un quinquenio perdido en nuestra vida institucional.
Ni siquiera el Banco Central escapa a esta deplorable relación entre vinculación política, violación legal e impunidad, pues su presidente violó el artículo 12 de la ley orgánica del banco, y el Directorio, con su actitud de dar impunidad, está a su vez violando el artículo 19 al no cumplir y hacer cumplir dicha legislación. La potestad sancionadora del BCP abarca a los hechos cometidos por sus miembros que violan el status requerido para ser miembro y dañan la institución.
Por supuesto, se puede escapar a un determinismo político y algunos pensarán que con “voluntad política” se podrá hacer mucho. Sin embargo, es ilusorio pensar que la política reparará la política. ¿Por qué tendría que hacerlo?
A pesar de lo dicho, es un imperativo expresar que sin la destitución del Presidente de la República, del Fiscal General del Estado y demás personajes de tintorería, y sin reencauzar los partidos políticos, proveedores de agentes delictivos, la democracia paraguaya seguirá cautiva de la gavilla de Mburuvicha Róga.
(*) Investigador jurídico independiente. Abogado constitucionalista.
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