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La intendenta Alba Correa (ANR) desde el 2011 fue denunciada ante el Ministerio Público por malversación y lesión de confianza por seis de los nueve concejales municipales, sin embargo sigue disponiendo del dinero proveniente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de los royalties a su antojo, sin realizar una rendición de cuentas del dinero público. La denuncia fue presentada por los ediles colorados Diosnel Báez, Victoria Bogado, Ricardo Borbón y los liberales; Pastor Benítez, Nilsa Riveros y Francisco Cáceres como un intento desesperado por resguardar la plata destinada para los niños y los contribuyentes, pero tampoco encontraron eficacia y rapidez de los fiscales. Correa siguió recibiendo dinero del Ministerio de Hacienda por dos años y medio más como si nada.
Primero, los ediles solicitaron en tres ocasiones a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoría a la gestión de Alba Correa, pero recién cuando fue publicado en los medios de comunicación los auditores se dignaron a aparecer por Tava’i. Antes, ignoraron el pedido de los concejales, que sí cumplieron con sus roles de contralores locales. Tras la revisión, se detectó una serie de irregularidades en las órdenes de pago emitidas por la Municipalidad de Tava’i por valor de G. 928 millones para construcción y reparación de aulas y sanitarios en unas 43 escuelas del distrito. Según los documentos, la intendenta recibió entre el 2012 y 2013 unos G. 1.180 millones, de los cuales solo presentó documentos respaldatorios del uso de unos G. 446 millones. Es decir, no justificó dónde fue a parar el remanente, G. 734 millones, que recibió del Ministerio de Hacienda.
El informe de la CGR habla además de la provisión de complemento nutricional por unos G. 120 millones, sin embargo el presidente de la Junta Municipal, Diosnel Báez (ANR), dijo que ninguna escuela fue beneficiada con el almuerzo escolar. Es decir, tampoco los niños recibieron ese beneficio, pero hasta octubre de este año Hacienda siguió liberando el dinero de manera discrecional.
La administración Correa en el ejercicio fiscal del 2011 fue denunciada por sus ediles supuestamente por malversar unos G. 286 millones. Esta causa fue tomada por el fiscal, Carlos Chamorro, quien fue recusado por Correa. Luego su colega de Delitos Económicos, Aldo Cantero presentó acusación contra la intendenta medio día antes de que la causa expire. Esto también luego de una serie de publicaciones periodísticas que denunciaban los supuestos hechos de malversación. Ahora el juez Penal de Garantías; César Acosta deberá decidir si Correa va a juicio o no y de esa manera conocer donde fue a parar el dinero público.
Es lamentable que las autoridades de la CGR, del Ministerio Hacienda y los fiscales se dignen a hacer su trabajo, recién cuando la denuncia se hizo pública, porque no hicieron caso a los ediles ya en el 2011 y de esa cortar de raíz la corrupción.