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¿Cómo denominamos aquel sistema político-económico donde el ESTADO es el ÚNICO dueño de los medios de producción y ordena a los agentes qué, cuánto y cómo producir?
Increíblemente, este fósil de la fallida y casi extinta era comunista lo tenemos en el sector de las telecomunicaciones dando manotazos de ahogado, para felicidad y riqueza personal de unos pocos y penuria de muchos.
El siguiente ejercicio ilustrará lo inaudito de la situación planteada: por simplicidad supongamos que el Estado paraguayo, por intermedio de sus administradores, organiza, planifica y ordena que las tierras a ser concedidas por 10 años en los departamentos del Chaco, Concepción y Amambay serán utilizados solamente para cría y engorde de ganado vacuno; las tierras de los departamentos de Canindeyú y Alto Paraná, soja, trigo y generación eléctrica; Itapúa, procesamiento, almacenaje de granos y cultivos de oleaginosas; Misiones y Ñeembucú, arroz y ganado menor; los departamentos de Caaguazú, Coronel Oviedo y San Pedro, producción agroforestal; Guairá, caña de azúcar y oro; el departamento Central, industrias, comercio y banca. El resultado de esta planificación estatal centralizada de la tierra ya la conocemos de antemano e indefectiblemente nos conducirá a un previsible escenario de subutilización de los recursos materiales, humanos y financieros; pérdidas de materias primas, prepotencia y arbitrariedades por doquier, abundante politiquería, retrasos en la asignación de las licencias, postergación de las licitaciones de tierras hasta esperar una mayor recaudación para el estado, sobornos e ilimitada corrupción para comprar soluciones varias. Todo esto en nombre del pueblo, de la soberanía o del “bien común”.
Pues bien, este increíble escenario “sui generis” está impuesto en la gestión del espectro radioeléctrico, que sigue estatizada a fuerza de tantas repeticiones de propagandas goebbelianas con infundadas y absurdas excusas para justificar la intervención estatal, permitiendo que los burócratas y políticos tomen las decisiones por la gente provocando un círculo pernicioso y vicioso. Según la visión socialista, dado que el espectro es escaso, entonces lo nacionalizamos; por inacción, ineficiencia o deliberadamente las agencias estatales producen más escasez, “justificando” más intervencionismo estatal como solución.
La planificación y asignación de frecuencias radioeléctricas por parte de los gestores estatales, consumen años valiosos en contraposición al acelerado desarrollo de los avances tecnológicos privados; esta desincronización ocasiona enormes pérdidas de oportunidades, irrepetibles debido al corto ciclo de vida de los productos y servicios, en directo perjuicio del ciudadano, a quien se lo priva injustamente de los beneficios de dichos avances por “falta” de suficiente espectro radioeléctrico.
Por un extraño sortilegio –ajenos a la ciencia económica– aún surte un efecto paralizante y aturdidor en nuestros legisladores, la fábula infantil que el sistema de precios y propiedad privada no funcionarían adecuadamente para la gestión del espectro radioeléctrico, como sí lo hacen exitosamente en otros sectores donde el mercado da las señales correctas en la utilización de los recursos escasos. El mercado –o sea, el conjunto de usuarios finales– debería ser quien decida qué equipos y cuáles servicios deben ser ofrecidos y definidos en cada banda espectral, concepto conocido como neutralidad tecnológica y de servicios, respectivamente, de tal forma que las autoridades regulativas no COACCIONEN acerca de qué tecnología utilizar y qué servicios deben prestarse por medio de la banda espectral licitada.
A pesar de los mejores deseos y esfuerzos que pudieren ofrecer las oficinas burocráticas, estos no serían capaces de predecir, o pronosticar los avances del mercado (“Cálculo económico”, 1.920, Ludwig von Mises) ni las tecnologías del próximo quinquenio –siquiera del próximo año– y las estimaciones de la tecnocracia quedan simplemente en el power point o en frondosas y costosas consultorías, sin ningún valor real para el mercado que se mueve en un ecosistema muy diferente al del tecnócrata.
Nueva Zelanda modificó su ley de telecomunicaciones (Radiocommunications Act 1989) aplicando un modelo de gestión de mercado donde las bandas espectrales pueden ser compradas, vendidas, utilizadas para garantías bancarias e hipotecadas como cualquier otro factor de producción, fomentando la creación de un mercado secundario de frecuencias. Este modelo provee de exclusivos derechos de uso de frecuencias asignadas y tecnología flexible, evitando predeterminaciones y limitaciones de rango de servicios para los cuales ellos deban ser utilizados. La subasta competitiva es la regla para la asignación a quien más la valore.
Por su parte, en Guatemala, la reforma de la Ley de Telecomunicaciones (1.996) permitió liberalizar el mercado otorgando las bandas de frecuencias reguladas asignando el derecho de usufructo (TUF, título de usufructo de frecuencia), que puede ser arrendado y/o enajenado total o parcialmente por su titular. El plazo de usufructo actualmente es de 20 años, prorrogables a solicitud del titular por períodos iguales y el regulador deberá prorrogar, a menos que tenga evidencia de que el mismo no fue utilizado en absoluto durante el período en que el titular ejerció el derecho de usufructo. La subasta competitiva es la mecánica de asignación en caso de que haya dos o más interesados por la banda espectral.
Los casos exitosos de reformas regulativas reales precedentes, entre muchos otros, tienen una buena aproximación al enfoque del sistema de precios y propiedad privada del espectro que atrajeron mucha competencia e ingentes inversiones privadas al sector y significaron mejores servicios a menores precios al usuario final.