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Como si la situación ya no fuese suficientemente indignante, ahora los gobernadores y miembros de juntas departamentales lograron hacer aprobar una ley para obtener su jubilación solamente con cinco años de aportes al sistema, lo cual representa una afrenta grave contra la amplia mayoría de los trabajadores públicos y privados, a quienes se les exigen entre 25 a 40 años de aportes para poder jubilarse.
Quienes elaboran las leyes, los miembros del Congreso, ya cuentan con un sistema jubilatorio privilegiado. Los diputados y senadores que ejercieron sus cargos por solo cinco años, pasan a percibir, de por vida, un 25% de sus sueldos; si aportaron durante 10 años, ya obtienen media jubilación, y si estuvieron cuatro períodos (20 años) ya acceden a un retiro con el cien por ciento de sus haberes.
Otra situación muy diferente es la de miles de trabajadores comunes, tanto de instituciones públicas como privadas. Los mismos deben aportar al sistema por lo menos 25 años y haber cumplido 60 años de edad, lo cual obliga a quienes entraron a trabajar a los 20 años a que tengan que aportar durante cuatro décadas para poder jubilarse.
La ley aún no promulgada de los gobernadores y de las juntas departamentales es absolutamente inviable, injusta y discriminatoria. Es inviable porque ningún sistema jubilatorio puede recibir aportes del trabajador por cinco años y luego otorgarle una jubilación, pues a muy corto plazo ese fondo previsional irá a la quiebra o deberá recurrir al Estado para que el Ministerio de Hacienda subsidie el beneficio.
Esta situación de falta de fondos y el auxilio financiero por parte de Hacienda, ya la conocemos de sobra con experiencias negativas como pasó con la Caja Bancaria y como sigue ocurriendo mes a mes con la caja de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Cuando un sistema jubilatorio no puede autosostenerse, resulta absolutamente injusto que se recurra a los fondos del Estado porque, de esa manera, los ciudadanos comunes pasamos a solventar, con el pago de nuestros impuestos, a la casta de los privilegiados que se jubilan sin haber aportado durante el tiempo necesario para percibir tal beneficio.
También constituye una discriminación inaceptable ya que los trabajadores se dividen en los ciudadanos de primera clase y los de cuarta, violando frontalmente el principio de la igualdad ante la ley.
Si los gobernadores y ediles departamentales quieren jubilarse, pues bien, que aporten al sistema al menos durante 25 años y después veremos cuál es el porcentaje de jubilación que les corresponde para que la caja se autosostenga.
Basta de meter la mano en los bolsillos de los contribuyentes para pagar jubilaciones extraordinarias a políticos inescrupulosos y caraduras que quieren obtener beneficios que no guardan ninguna relación con los aportes realizados.
ilde@abc.com.py