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Según un artículo del Wall Street Journal que luego fue confirmado por el banco, Goldman Sachs Group Inc. compró US$ 2.800 millones en bonos del monopolio petrolero estatal venezolano PDVSA, la principal fuente de ingresos del Gobierno. La firma pagó alrededor de US$ 865 millones por los bonos.
La compra de bonos, realizada a través de un intermediario, significa que –si Venezuela no se declara en moratoria– los bonos podrían generar una tasa de interés de 19 por ciento al año, más ganancias de capital.
Aunque no es raro que los bancos compren deudas de los países en quiebra, esta compra llama la atención porque viene en un momento en que el régimen de Maduro está contra las cuerdas, tras masivas protestas callejeras que han dejado casi 60 muertos en las últimas semanas.
Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, envió el 29 de mayo una carta de protesta al presidente de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, diciendo que la “línea de salvación financiera del régimen servirá para reforzar la brutal represión desencadenada contra cientos de miles de venezolanos que protestan pacíficamente por el cambio político”.
Borges escribió que, considerando “el carácter irregular” de la transacción y sus “absurdas condiciones financieras”, el Congreso venezolano abrirá una investigación sobre el caso. Y agregó que recomendará “a cualquier futuro gobierno democrático de Venezuela que no reconozca ni pague estos bonos”.
El profesor de economía de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann, exministro de planificación de Venezuela, me dijo que lo que ha hecho Goldman Sachs “equivale a financiar una dictadura”.
“Goldman Sachs ha comprado bonos de hambre”, me dijo Hausmann. “El daño reputacional a Goldman Sachs será mucho mayor que los beneficios financieros que pueda obtener de esta operación”.
Días antes de conocerse la compra de Goldman Sachs, Hausmann había escrito una columna criticando el Índice de Bonos de Mercados Emergentes de JP Morgan por sus transacciones con Venezuela. Aunque Venezuela representa solo el 5 por ciento de ese índice de JP Morgan, constituye una parte considerable de su rendimiento, porque la posibilidad de un default venezolano hace que los intereses que paga sean más altos.
Hausmann dice que los inversores se están engañando a sí mismos si piensan que no están haciendo algo malo, y que están comprando la deuda venezolana con la esperanza de que caiga Maduro. Una vez que Maduro se vaya, esos inversionistas estarán en el lado opuesto a la democracia, porque estarán apoyando el pago preferencial de sus bonos, en vez de querer que un nuevo gobierno comience a invertir en la reconstrucción del país, dijo.
Hausmann admitió que sería poco realista –e injusto para con otros países emergentes en el fondo de JP Morgan– exigir que los inversionistas dejen de comprar papeles financieros de todos los países, porque Venezuela solo representa una pequeña parte de ellos. La solución es que el público presione a JP Morgan para que elimine a Venezuela de sus fondos de mercados emergentes, me dijo Hausmann.
Mi opinión: Afortunadamente, mucho ha cambiado para mejor desde que algunas voces aisladas comenzaron a proponer las inversiones socialmente responsables en el siglo XVIII, y después de que la idea fue adoptada por cada vez más inversionistas desde los años 1960. Hoy en día, los inversores –especialmente los millennials– son mucho más propensos a invertir en empresas y países que respetan el medio ambiente y no suprimen los derechos civiles o políticos.
Es difícil prohibir que inversionistas sin conciencia social compren bonos venezolanos que rinden altos intereses si quieren jugar con su dinero, y arriesgarse a perder su dinero. También pueden ir al casino. Pero lo que podemos hacer es avergonzar públicamente a los bancos que rescatan a regímenes represivos como el de Venezuela. Y hay que hacerlo hasta que los bancos se den cuenta de que no vale la pena el dolor de cabeza.