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En la sesión ordinaria del jueves 20 de mayo estuvieron 38 senadores presentes. Se necesitaban 25 votos para el desafuero de Aguinagalde a fin de que rinda cuentas ante la justicia. Se obtuvieron 23.
No es la primera vez, ni será la última conforme con la calidad moral de los parlamentarios, que se impide a la justicia investigar a un ciudadano por hechos de corrupción.
En la mencionada sesión hubo siete abstenciones. Es un derecho que tienen los senadores y diputados. Pero cuando se trata de la acción judicial en un caso de delito común, la abstención se convierte en complicidad con el supuesto delincuente. Está en el mismo nivel de los que votaron a favor del imputado.
En este como en otros casos, los senadores violaron la Constitución Nacional para favorecer a un colega en apuros.
El artículo 191 “De las inmunidades” expresa: “Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Ningún senador o diputado podrá ser detenido desde el día de su elección hasta el de su cese, salvo que fuese hallado en flagrante delito que merezca pena corporal…”
Está por encima de cualquier interpretación que senadores y diputados tienen inmunidad “por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones”. Nada más. ¿De dónde sacan los senadores que Aguinagalde está imputado por sus opiniones? ¿No leyeron el expediente que les remitió la justicia? ¿No vieron que el supuesto delito lo cometió cuando todavía no era senador y que la lesión de confianza no está amparada por la Constitución?
Los senadores que rechazaron el desafuero, junto con los abstencionistas, ensanchan el camino para que el Parlamento se convierta en el refugio seguro de ciudadanos que han delinquido. En la antigua Grecia, los criminales hallaban amparo en los templos.
De todos modos, la sesión del 19 de mayo dejó un hecho enteramente plausible, esperanzador: hubo 23 senadores preocupados porque el país salga de esta infernal corrupción. Es poco 23, pero es posible que otros políticos se vayan sumando al resto de las personas honestas.
Amparar al delincuente, desde cualquier órgano del Estado, dejarlo en la impunidad, hacer que siga su vida como si nada hubiera hecho, es empujar al país hacia mayores dificultades.
El caso de Aguinagalde, como otros similares, le pone a la ciudadanía en la total indefensión; no tiene a quiénes acudir cuando las mismas autoridades, nombradas o electas, están al frente de las irregularidades, en constante atropello a la Constitución Nacional y a la ética.
El parlamentario que huye, o le hacen huir de la justicia, nos dice que acepta su responsabilidad en los hechos que la justicia quiere investigar. Si fuese inocente que demuestre la falsedad de la acusación. Lo más natural sería que procurase que la justicia, lo antes posible, resuelva el caso y pueda volver a presentarse ante la opinión pública sin ningún resto de sospecha.
No se puede creer en la inocencia de quienes, a toda costa, buscan evitar la investigación judicial. Y para más, echando mano a una acción inconstitucional como la de mentar un fuero que no les alcanza; un fuero que se limita a la función parlamentaria. Y este no es el caso de quien, siendo gobernador, habría delinquido según las documentadas denuncias.
Reitero: lo positivo de este feo asunto son los 23 senadores que votaron contra la corrupción. Dios quiera que pronto sean más.
alcibiades@abc.com.py