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No obstante, depende finalmente del grado de madurez cívica de las sociedades que el poder tenga como resultado el sometimiento de una gran mayoría a una sola persona, o que el ejercicio del poder tenga como consecuencia el bienestar colectivo mediante la capacidad de gestión de quienes están imbuidos de poder.
De ahí que es frecuente escuchar que la mejor publicidad política y el mejor argumento para continuar en el poder es realizar una buena gestión de gobierno. ¿A quién preferiría votar el ciudadano que no sea a aquel que claramente hizo posible su bienestar personal y familiar y que además estableció la paz social y recuperó la seguridad ciudadana con servicios óptimos de salud y educación, cuando menos?
Llevado esto al caso de Paraguay en la actualidad se plantea la duda de si el poder actual, conformado por el movimiento cartista, liderado por el Presidente de la República, ¿quiere conservar el poder para lograr la satisfacción plena de la ciudadanía o lo que en realidad busca es someter a la ciudadanía al poder de unas cuantas personas con altos intereses creados para continuar beneficiándose ellos, y no el colectivo, de las ventajas del poder?
Pongámoslo en términos más sencillos. ¿Piensa usted que el cartismo quiere conservar el poder para el bienestar de la población o para sacar mayor provecho de sus privilegios?
Le habrán dicho a Cartes: le conviene a usted buscar la reelección por un período más para consolidar su poder político. ¿Pero, la prohibición constitucional? No importa, el poder es “la capacidad de imponer obediencia”.
Evidentemente no funcionó la receta basada en esta teoría, porque al parecer se impuso para el intento de reelección la otra tesis: el poder es una multiplicidad de relaciones de fuerza, pero también es una multiplicidad de resistencias. Y esta última parte de la frase es la que salvó la institucionalidad de la república mediante la presencia activa de gente en la calle.
Sin embargo, el cartismo no lo entendió así y prefirió aferrarse a la otra definición del poder, la que considera que el poder es la capacidad de imponer obediencia. De inmediato impuso el fin del “deseo del pueblo” de enmendar la Constitución, impuso un candidato presidencial sustituto, impuso el uso de la fuerza en el local del PLRA con la consecuencia de un muerto; impuso las listas de los demás candidatos, impuso la adhesión obligatoria del funcionariado al movimiento oficialista, impuso, impuso...
Es entendible (no justificable) que quienes detentan el poder quieran usar todos los recursos disponibles para sacar provecho en tiempos electorales, sobre todo cuando el sistema que se busca dominar es una clientela y no una ciudadanía libre. En la clientela, los electores están ligadas al presupuesto público y, por ende, son más vulnerables que los demás desde el momento que su alimento depende del voto.
El cartismo, por estar en el poder, cuenta con una pluralidad de resortes para intimidar a la gente en situación de dependencia: traslados, despidos, suspensiones, auditoría, Cones y cosas peores. Todo esto lo viene haciendo regularmente con los funcionarios, policías y hasta con militares como un método que ya forma parte de la campaña electoral.
En las próximas elecciones internas partidarias, en especial del oficialismo, estarán en juego muchos y grandes intereses, pero lo más importante es la libertad de las personas de poder votar a conciencia, a pesar de su dependencia laboral del Estado. Quienes están en función de gobierno son precisamente quienes deben garantizar que esa libertad sea plena, y no a la inversa, que sean los opresores.