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El director de Municipalidades de la CGR, Abog. Tomás Servín, argumentó que la institución no puede iniciar los trabajos de auditoría a las comunas de Bahía Negra, Casado y Pinasco debido al recorte presupuestario que sufrieron y que dependían del pedido de una ampliación presentado en el Parlamento.
Es precisamente en este punto donde se sospecha la injerencia de poderosos políticos que buscan proteger a estos jefes comunales, ya que, irónicamente, son los parlamentarios quienes deben decidir si conceden la ampliación al órgano de control.
En el caso de la Municipalidad de Bahía Negra, administrada por el intendente Saúl Bernal (PLRA), los concejales y la ciudadanía sostienen que en todo este periodo de gobierno no se realizó ningún tipo de obras, a pesar de haber recibido más de G. 5.000 millones en concepto de royalties y Fonacide.
Algo similar sucede en los municipios de Casado y Pinasco, a cuyo frente se encuentran los intendentes Bernardino Garcete (ANR) y René Carreras (PLRA), respectivamente.
Garcete cuenta incluso con antecedentes de haber sido condenado judicialmente a pagar más de G. 400 millones a la Municipalidad de Casado luego de haberse comprobado que malversó y desvió fondos durante su anterior gestión (1991-1996). A pesar de la condena, jamás el intendente devolvió un solo guaraní, según afirmaron los concejales.
A pesar de todas las pruebas, antecedentes y denuncias de los pobladores, la Contraloría trata de evitar cumplir con su rol de contralor.
En este lamentable escenario se pone de manifiesto lo expresado por el obispo del Chaco, monseñor Gabriel Escobar, que no existe voluntad política para esclarecer este tipo de situaciones; es decir simplemente se nota la ausencia del Estado paraguayo.
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