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El sobrecosto del agua y el cocido no fue sino la gota que colmó el vaso. Desde hace años los estudiantes, junto con sus padres, vienen reclamando la atención de las autoridades acerca de las condiciones en que se encuentran los edificios y los mobiliarios escolares. Muchos de aquellos son un permanente peligro para la integridad física, y la vida misma, de los alumnos.
Ante tanta insistencia desoída, por este y anteriores gobiernos, no queda otro camino que el de las manifestaciones masivas con la esperanza de ser tenidas en cuenta por las autoridades.
Otra prueba de que los jóvenes tienen razón en expresarse como lo hacen es el apoyo de sus padres. Se acabó aquello que era tan común en tiempos de la dictadura: “No te vayas”, “no hagas caso”, “no te metas en política”. Hacen bien los padres en acompañar a sus hijos en el esfuerzo de construir una sociedad participativa, más todavía en el tema de la educación. El nunca resuelto problema de la calidad educativa nos condujo a padecer unas autoridades, nacionales y regionales, de asombrosa mediocridad, productos, a su vez, de la misma matriz.
No cabe duda de que detrás de las causas que alientan las manifestaciones estudiantiles está la corrupción. ¿Aulas en ruinas? ¿Mobiliarios inservibles o inexistentes? Con los recursos del Fonacide sería posible aliviar las necesidades de alumnos y maestros en las aulas. Pero no hay día sin que la opinión pública se entere por la prensa de que el dinero no llega adonde tiene que llegar. Cuando se denuncia, los fiscales hacen un remedo de intervención a la espera de que el caso pase al olvido.
Tenemos el Tribunal Superior de Justicia Electoral donde, de acuerdo con los documentos, testimonios, denuncias, sus tres ministros junto con otros altos funcionarios manejan a su antojo el dinero del contribuyente. Nunca habrá dinero para la educación mientras se siga robando como se roba. ¿Qué pasó de la actuación fiscal en la Justicia Electoral? Nada. Se roba dinero para cursos que no se hacen; costosos e innecesarios viajes; contrataciones y nombramientos para nada, salvo para desangrar al erario público; locales, diseminados por todo el país, donde ya no caben los funcionarios. Y como ya no caben, se los envía a otras instituciones, igualmente colmadas de personal.
Si solo en el Tribunal Electoral se manejase el dinero con honestidad y racionalidad, se tendría para atender muchos edificios escolares en ruinas. A más, desde luego, para la compra de bancos y evitar así que los niños y adolescentes se arrastren por el suelo para escribir y leer.
No hay dudas de que la corrupción es la causante de las muchas carencias que padecen los alumnos y maestros. Ante los reclamos, solo se escucha lo de siempre: no hay dinero. Y nunca habrá dinero para la educación, ni para la salud, mientras los corruptos sigan desangrando al país sin ninguna consecuencia penal. La impunidad es nuestra desgracia. En cualquier país del mundo se roba, pero difícilmente quede en la nada una vez hecho público el delito.
En el diario La Nación del miércoles se publicaron los “Pecados capitales de Marta Lafuente”. En sentido irónico se mencionan sus logros. Es posible que los tenga, y mucho más aún, pero fue la responsable, al mismo tiempo, de los pecados –sin ironía– que arrastra la educación en nuestro país. No todos atribuibles a la exministra, pero en ella se reflejaban las frustraciones de años de nuestro sistema educativo que incluye los mobiliarios, equipos y locales que deben sostenerlo.
En fin, si no disminuye la corrupción, preparémonos para nuevas oleadas de legítimas protestas.
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