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La cobertura de pensiones en el Paraguay es de solo 21% de la fuerza laboral, lo que nos ubica entre los países con menor atención de la seguridad social. Ocho de cada diez personas en edad de trabajar no tienen seguro y los que lo tienen son los asalariados del sector formal afiliados al Instituto de Previsión Social y los empleados públicos, maestros, docentes universitarios, magistrados judiciales, militares y policías cubiertos por las cajas fiscales de jubilaciones.
Además de la baja cobertura del seguro social, los exiguos montos de las pensiones no alcanzan para que los jubilados lleven una vida digna, lo que desalienta a las personas en edad productiva a sacrificar parte de su ingreso y consumo presente para asegurar su consumo futuro como adultos mayores.
Otra fuerte restricción es la gran informalidad del mercado de trabajo, que emplea a la fuerza laboral sin ningún tipo de seguro. Esta situación afecta a asalariados, cuentapropistas y trabajadores domésticos que, en su gran mayoría, no conocen sus derechos, pero también a muchos empleados en empresas que eluden su obligación legal de asegurar a sus trabajadores. Por eso, así como se dio inicio a una campaña de educación financiera, también es necesario desarrollar una campaña de difusión y promoción de la seguridad social.
En el año 2009 se puso en marcha un programa de pensión de adultos mayores en situación de pobreza, que les asigna un subsidio equivalente a la cuarta parte del salario mínimo legal que contribuye, en parte, con los gastos de la vejez. En la actualidad esta pensión llega a 148.000 personas que viven en áreas urbanas y rurales del país.
La protección social está vinculada directamente con la generación del ahorro previsional. La cotización en el sistema permite administrar fondos de largo plazo que pueden ser utilizados para financiar las inversiones de capital dentro de un sistema que garantice la seguridad y rentabilidad de los fondos.
El Equipo Económico está embarcado en sacar una ley sobre el sistema de jubilaciones y pensiones, que se viene estudiando desde 2011. Se trata de una iniciativa plausible porque el proyecto de ley establece normas de regulación y supervisión de los fondos previsionales públicos y privados para garantizar la sostenibilidad del sistema y expandir la cobertura para cumplir su finalidad social y no solo objetivos económicos financieros.
Esta legislación permitirá ordenar, profesionalizar y modernizar las diferentes instituciones que administran fondos de pensiones, con adecuados mecanismos de control de los riesgos para los cotizantes y los jubilados y los riesgos fiscales. La creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones implicará la conformación de un equipo técnico interinstitucional, un consejo de inversiones y una comisión calificadora de inversiones, para resguardar los aspectos administrativos, actuariales y financieros del sistema. Además, según el proyecto de ley, los administradores de fondos de pensión deberán presentar los resultados de auditorías externas para garantizar su buen funcionamiento y sostenibilidad. Así, esta superintendencia trataría de expandir y fortalecer el sistema de jubilaciones y pensiones para, de esa forma, cumplir una de las funciones sociales del Estado: la protección social de sus ciudadanos y ciudadanas.
Lo cierto es que el debilitamiento de las redes familiares y comunitarias que suplían las funciones del Estado plantea retos para encarar la pobreza de la tercera edad, considerando el gran número de personas que, al terminar su ciclo de trabajo, necesitan una subvención y atención en su vejez.
En definitiva, el gran desafío para las políticas públicas es emprender acciones encaminadas a la eliminación de la pobreza en la vejez y el mantenimiento de un nivel adecuado de vida de los trabajadores que cumplieron su ciclo laboral.