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Cuando en la cumbre de Mendoza del 29 de junio pasado, los jefes de Estado de la Argentina, el Brasil y el Uruguay, arrogándose las funciones del Consejo del Mercado Común, invocando el Protocolo de Ushuaia, dispusieron la suspensión del Paraguay y el ingreso de Venezuela al Mercosur, dictaron una resolución de nulidad absoluta de pleno derecho. Esta resolución o acto administrativo no puede ingresar al sistema jurídico del Mercosur; no es subsanable, y se ubica en la categoría de los llamados actos inexistentes. No obstante, la resolución ha sido ejecutada, muy mal ejecutada, con total extralimitación de poder y abuso de derecho. La sola voluntad irracional de los mandatarios de los Estados más fuertes ha primado sobre el más débil, el Paraguay. Jamás podría haberse dictado, siquiera imaginado, en la mente de los Presidentes de los Estados de menor desarrollo del Mercosur aplicar sanciones de este tipo si, supuestamente, se interrumpiera el sistema democrático en el Brasil o en la Argentina. Precisamente, ese pretendido “derecho del más fuerte” ha sido la costumbre o la práctica inveterada de los países limítrofes vecinos para avasallar al Paraguay y mantenerlo con un “fórceps”, para que no pueda moverse.
El jefe de Estado de Uruguay, grotescamente, ha apoyado una sanción que podría caer sobre su país en el futuro, como un bumerán. No tuvo la sensatez de evaluar, en su verdadera dimensión, que el arma mortal arrojada contra la República del Paraguay en cualquier momento es capaz de girar para volver a su punto de partida. Es decir, volver sobre el propio Uruguay, que no podrá escurrir, guardar o eludir el bulto.
Arbuet-Vignali deja sentada su posición de que el Tribunal del Mercosur debió resolver el fondo de la controversia. Expresa que “en los casos de competencia dudosa el juez o árbitro, cuando exista la más pequeña posibilidad procesal de asumirla, así debe hacerlo y adentrarse a resolver el fondo del asunto”. Esta situación de indefinición del Tribunal del Mercosur contribuyó a ahondar el desorden jurídico regional que ahora soporta el sistema de integración sudamericano. No podría reincorporarse el Paraguay al Mercosur, en forma simple y llana; existen daños e injurias que no permiten recibir una segunda bofetada, ofreciendo la otra mejilla. La resolución de la Cumbre de Mendoza viola ostensiblemente todo el Derecho Público del Mercosur, en donde en el último quinquenio se ha venido aplicando solo una juridicidad formal, sometida a una ideología encubierta de intereses.
El acto de Mendoza ha creado un verdadero entuerto en América Latina. La pretensión de la resolución nula del 29 de junio de 2012 no fue sino someter a nuestro país a vigilancia internacional, por razones ideológicas. Es el regreso a una etapa colonial que creíamos superada, pues en Mendoza se intentó instituir, en forma velada, un sistema de mandato y fideicomiso para un Estado independiente y soberano. No puede permitirse una vigilancia internacional de algunos organismos como la Unasur y otros, pues la República del Paraguay no es un Estado sujeto a ningún protectorado, no es un Estado semisoberano.
El Paraguay ha sido y es, esencialmente, una nación con dignidad. Esta tradición de dignidad está reafirmada en la misma Constitución cuando determina que “la República del Paraguay es para siempre libre e independiente”, integrada a la comunidad internacional. Los gobernantes de Argentina, el Brasil y el Uruguay, causantes de este vacío, de este caos, de este entuerto, tienen la obligación de resolver y repararlo en forma pacífica por la vía del Derecho Internacional, si se quiere revivir al Mercosur, prácticamente muerto, inane y vacío.
(*) Profesor titular de la UNA