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Tranquilo Favero tiene mucha plata. Inmensa. Él y el grupo al que representa cuentan con aproximadamente un millón de hectáreas, según ha dicho el propio Favero. Con Favero los campesinos paraguayos se encuentran en San Pedro, Alto Paraná, Canindeyú, Chaco... Con Favero, al igual que con la Monsanto, miles de familias tienen litigios, muy pocos en estrados judiciales.
Ahora en Ñacunday, Alto Paraná, salta un nuevo litigio. Unas 600 familias asumen que más de 20.000 hectáreas ocupadas no son de Favero. Exigen que el Estado les dé a las familias que las necesitan. El Estado tiene el deber fundamental de investigar con seriedad esta demanda y obrar en consecuencia. Si no es excedente fiscal, decirnos de quiénes son esas tierras, dónde están sus propietarios y a cuento de qué el Grupo Favero las utiliza en la plantación de la soja. Ese es el Estado serio que necesitamos; no uno que defienda el interés de gente como Favero. Él ya cuenta con toda una parafernalia mediática que reacciona como si se lo estuviera torturando en algún oscuro lugar del fango amazónico.
El Estado debe asumir esa deuda histórica con nuestro pueblo: reordenar el registro de propiedades, reclamar las que fueron usurpadas del Estado (8 millones de hectáreas durante la dictadura stronista, según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia) y reubicar a nuestras familias en asentamientos productivos y sustentables.
Es una deuda superior.
Ahora en Ñacunday, Alto Paraná, salta un nuevo litigio. Unas 600 familias asumen que más de 20.000 hectáreas ocupadas no son de Favero. Exigen que el Estado les dé a las familias que las necesitan. El Estado tiene el deber fundamental de investigar con seriedad esta demanda y obrar en consecuencia. Si no es excedente fiscal, decirnos de quiénes son esas tierras, dónde están sus propietarios y a cuento de qué el Grupo Favero las utiliza en la plantación de la soja. Ese es el Estado serio que necesitamos; no uno que defienda el interés de gente como Favero. Él ya cuenta con toda una parafernalia mediática que reacciona como si se lo estuviera torturando en algún oscuro lugar del fango amazónico.
El Estado debe asumir esa deuda histórica con nuestro pueblo: reordenar el registro de propiedades, reclamar las que fueron usurpadas del Estado (8 millones de hectáreas durante la dictadura stronista, según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia) y reubicar a nuestras familias en asentamientos productivos y sustentables.
Es una deuda superior.