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El Paraguay ya tiene un fuerte sector de negocios, un sistema financiero muy próspero, una población campesina con ideas propias no siempre integradas a la legislación nacional que consideran oligárquica; partidos políticos que pretenden abarcar la sociedad completa desde direcciones o liderazgos que son productos del vaivén coloidal que agrupa sus partículas; religiones diversas que ganan espacio muy rápido, una Iglesia Católica con preferencias y afinidades con los sectores menos favorecidos por la fortuna, y un Estado que representa al sector público desde la perspectiva de intereses no siempre consistentes al extremo de que su propia estructura genera problemas y desinteligencias que hacen difícil gobernar sin el respaldo de segmentos sociales de diverso origen que pretenden dar seguridad al conjunto.
En esta trama los partidos que integran el Congreso se proponen reformar el Poder Judicial mediante un juicio político inicial en que la Cámara de Diputados acusaría a algunos componentes de la Corte Suprema de Justicia, con miras a separarlos por mal desempeño de sus funciones y reemplazarlos por otros mediante el juzgamiento de la Cámara de Senadores. En caso de comprobarse delitos se pasan los antecedentes a la justicia ordinaria de la que los acusados serían de momento la autoridad superior.
El tema no es simple. Los acusados son magistrados que dejan todos sus actos consignados en resoluciones escritas, fundadas, y recurribles. Los acusadores han sido elegidos con la intención expresada en la Ley o Código Electoral de asumir la representación del pueblo, titular de la soberanía.
Rousseau enseñaba que “la soberanía no se representa” y el sufragio es el medio por el cual los ciudadanos o electores abdican la porción de soberanía que les corresponde a favor de los que, una vez elegidos, se desempeñarán como “representantes”.
Esta ficción, desemboca en el Paraguay en una realidad no aceptada por todos, pero es objeto de un monopolio de los partidos y movimientos políticos que ejercen el poder que gobierna a veces con el Presidente de la República, y otras no.
La población, o mejor dicho los sectores de la población defienden sus intereses. Los sectores menos favorecidos por la fortuna gozan de la protección de la Iglesia Católica, empeñada en desempeñar el papel de representantes del pueblo, con vocación abarcadora, lógicamente preocupada por el progreso de las Iglesias Protestantes de muy rápido progreso a sus expensas.
El juicio político es un trámite aparentemente fácil, rápido, que puede ser objeto de impugnaciones imprevisibles porque al parecer se intentará imputar a los acusados de facilitar la libertad de movimiento de los llamados narcotraficantes, prósperos excampesinos que han formado sus feudos en los sitios en que residen, la mayor parte en el interior de los departamentos menos desarrollados y de pobre infraestructura de caminos, pero siempre en torno al gran mercado consumidor que es el Brasil.
Tal imputación lógicamente será resistida y los acusados podrán presentar sus resoluciones y antecedentes judiciales, pero deberán afrontar a mayorías preestablecidas, porque básicamente la política del Paraguay consiste en el juego de las mayorías como en otros países.
Al parecer el prestigio de algunos políticos acusadores deberá jugarse por entero bajo la inspiración de lo que aconteció con el expresidente Fernando Lugo Méndez. Pero esto puede no ser tan sencillo por los factores ya señalados: cada hecho, cada imputación se deberá referir a resoluciones judiciales escritas y fundadas y la prueba será diabólica. El constitucionalismo del Paraguay estará en juego y así el juicio político podrá ser un bumerán que golpea a quien lanzó la acusación. Pero el poder político de los partidos estará en juego. Si triunfan los líderes acusadores se fortalecerán en la medida en que el trámite sea justo. No debemos olvidar que Cristo fue juzgado entre ladrones, y no faltarán inocentes perjudicados que nada han tenido que ver y otros que se salvarán de ser juzgados pese a tener mayor culpa. El Paraguay y su incipiente democracia podrán sufrir un grave daño.
Abogado