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El copamiento del Estado por parte del cartismo y sus aliados genera una preocupación –hasta el momento– en personas vinculadas a la política pero lamentablemente gran parte de la ciudadanía está curiosamente anestesiada. Sería extremadamente preocupante que la población comprenda lo que está pasando en el país pero que tenga temor de salir a las calles a manifestarse de nuevo para evitar el garrote no solo de la Policía sino también de la Fiscalía.
Costaría creer que la imputación a los jóvenes liberales que –según el Ministerio Público– incendiaron el Congreso y el asesinato al joven dirigente Rodrigo Quintana atemorizaron a la gente, motivo por el cual deciden quedarse en sus casas como en la época de Stroessner para evitar ir a Emboscada o buscar refugio en Uruguay. De ser así, estamos cerca de ser Venezuela.
Puede ser exagerado pero hay elementos ciertos que nos permiten tener esa visión apocalíptica: 1. El cartismo tiene controlado a los tres poderes del Estado, que por acción u omisión demuestran que están al servicio del Ejecutivo. Por ejemplo: la Corte Suprema de Justicia no se expide sobre el atropello al Congreso por parte de 25 senadores, conformada por colorados cartistas, liberales llanistas, del Frente Guasu y de Unace.
2. Luego de que Cartes haya zapateado en Mburuvicha Róga contra la Fiscalía por el ataque al Congreso, el Ministerio Público imputó a los jóvenes liberales, quienes supuestamente incendiaron la sede legislativa. No sería nada raro que imputen por ese mismo hecho al titular del PLRA Efraín Alegre y al presidente del PDP el ya imputado Rafael Filizzola.
3. Sospechosamente hasta el momento la Fiscalía no detectó quién dio la orden superior para atracar el PLRA y asesinar al joven Rodrigo Quintana. Es difícil de creer que ese tipo de decisiones se le ocurra a un suboficial.
4. El atropello a ambas cámaras del Congreso la semana pasada forma parte de un plan a futuro: a) colocar una mesa directiva cartista o aliada a este sector colorado para garantizarle estabilidad en el último año de gobierno de Cartes; b) interrumpir inconstitucionalmente el mandato de los representantes de Diputados y Senadores ante el Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Principalmente en el Consejo donde se conformará la terna cartista para elegir a un fiscal general que tendrá un garrote en una mano y una pintura blanca en la otra.