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La debilidad de la seguridad es claramente notoria en nuestro país porque constituye el núcleo central de la sociedad. Ya se ha convertido en una verdadera tragedia el haber descuidado tanto esta primera responsabilidad social del Estado. Llegamos inclusive a que se “privatice” la seguridad; convirtiéndola en una “industria” y haciendo que los que pueden, paguen para obtenerla, mientras que los que no pueden, quedan destinados a padecer su ausencia. Cuando un Estado desatiende esta responsabilidad, como lo estamos haciendo nosotros, pone en riesgo la posibilidad de alcanzar el verdadero desarrollo que conlleva no solo el crecimiento económico sino también el bienestar de la gente.
Aprovechando esta falta de interés del Estado en la seguridad, florecieron las actividades ilícitas en nuestro país; tales como la mafia de la producción, tráfico y consumo de drogas, el crimen transfronterizo y el lavado de dinero. También la violencia ciudadana (muchas veces expresadas como crímenes violentos) aumentó considerablemente.
El aumento de estas actividades ilícitas debilitó aún más el poder y la soberanía del Estado en ciertas partes del territorio nacional donde el crimen organizado transnacional, el terrorismo y el narcotráfico establecieron su propia soberanía y ahora “gobiernan” en esa parte del territorio para desarrollar sus actividades financieras.
Pero la soberanía de un Estado no se puede compartir y tampoco es negociable. Por eso el Estado paraguayo tiene la obligación de recuperar el completo control del territorio nacional. Para lograr este objetivo, sin embargo, precisamos un cambio radical de nuestro pensamiento; debido a que en época de la dictadura nos hicieron creer que la seguridad era problema y responsabilidad exclusiva de la fuerza pública (Fuerzas Militares y la Policía nacional), con la casi total ausencia de la participación del resto del Estado y de la misma ciudadanía. La seguridad democrática, por otro lado, es diferente. No es solo la coerción. Es también la presencia permanente y efectiva de la autoridad democrática para asegurar el imperio de la ley, la gobernabilidad y desde luego, el Estado de Derecho. Requiere la aplicación rigurosa de la ley en contra todos los dedicados a actividades ilícitas; inclusive contra los mismos miembros de la fuerza pública.
Está visto actualmente que si la fuerza pública no obtiene el apoyo solidario de los ciudadanos, difícilmente podrá cumplir eficazmente su función. Obtener ese apoyo implica ganarse la confianza y credibilidad de la ciudadanía y eso requiere un comportamiento ejemplar; donde no existan dudas de que el interés de la ciudadanía está en primer lugar.
Tampoco podemos negar que un Estado débil no es capaz de proveer las cosas fundamentales necesarias para la gente. Esa es la razón por la que necesitamos un Estado fuerte pero no obeso; capaz de proveer los bienes públicos fundamentales para la ciudadanía. Pero tengamos en cuenta por último que el Estado no es la panacea para todos los males y esa es una realidad que tenemos que aceptar si queremos formular las propuestas adecuadas requeridas con urgencia por nuestra sociedad.
(*) Médico Especialista Diplomado del Consejo Americano de Psiquiatría y Neurología.
victor2343@gmail.com