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Con las últimas fuertes lluvias e inundaciones, resurgieron problemas estructurales crónicos como el traslado obligado de los que viven en los lechos de ríos y arroyos, las inundaciones de ciudades, el mal estado de las rutas, la destrucción de puentes, el aislamiento total de algunos pueblos, etc.
Ciertos críticos con solvencia y conocimiento de las causas reiteraron la explicación de que estas cosas suceden por “la ausencia del Estado” para hacer frente con urgencia y eficacia a los graves problemas. Esta queja es una realidad conocida, pues, a todas luces, las instituciones estatales son absolutamente insuficientes para atender al mismo tiempo tantos y tan graves desastres.
Miles de compatriotas pasan penurias y sufren enfermedades por causa de los temporales y crecientes del río. El Estado y los gobiernos departamentales no cuentan con los recursos para resolver tantos problemas, en parte, porque hay muchos gastos públicos innecesarios o despilfarrados. La dirigencia política es responsable de este desorden y mal uso de las recaudaciones fiscales.
Lo que pocas veces se menciona es que los pobladores en general y el sector privado organizado también son copartícipes en la falta de solución de los problemas del país. Los vecinos más humildes contribuyen a empeorar la situación cuando tiran sus basuras a los raudales y ocasionan el taponamiento de los desagües naturales y los alcantarillados.
Algunos camioneros asalariados causan, en parte, la destrucción de caminos vecinales o rutas rurales al circular con rodados de gran peso cuando aún la tierra está muy húmeda por las lluvias.
Asociaciones de productores y grandes empresas acopiadoras no asumen la iniciativa de construir de por sí caminos más seguros y puentes resistentes. A modo de ejemplo, en algunas regiones del Chaco, las colonias menonitas construyen y mantienen sus propios caminos.
Desde otra perspectiva, hay sectores económicamente muy poderosos que contribuyen muy poco al bienestar de la ciudadanìa en general. En estos días, el Congreso rechazó nuevamente el aumento de impuestos al tabaco y a las exportaciones de la soja, dos rubros que generan muchos millones de dólares al año a quienes los explotan comercialmente.
Deberíamos buscar el justo equilibrio entre lo que el Estado debe y puede hacer y lo que el sector privado debería aportar en la amplia gama de emprendimientos para solucionar nuestros múltiples problemas. Al Gobierno se le deben exigir el uso correcto de los gastos públicos y las acciones prontas y eficaces ante las emergencias nacionales. El sector privado, por su parte, tendría que asumir un mayor protagonismo en su aporte para la solución de las carencias nacionales y regionales, sin que la realidad de “la ausencia del Estado” sea una excusa para no hacer nada.
ilde@abc.com.py