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Una de las principales barreras que obstaculiza nuestro desarrollo económico y, especialmente social, es la cultura prebendaria y clientelista a la que los caudillos rinden culto con santa cotidianidad.
Muestra de ello es el presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados, el cual tiene como objetivo financiar las campañas electorales del próximo año y seguir con ese sistema que tiene atada a la gente a miserables migajas que se las reparte a cambio de sus votos.
Y deberíamos aprender lo terriblemente perjudicial de este sistema. Deberíamos mirar lo que pasa en el mundo, sobre todo en las naciones europeas donde el despilfarro del dinero público hace tambalear a países de milenaria cultura democrática como Grecia, Italia y España. Entre los factores que empujaron a estos países a situaciones extremas está precisamente el derroche de las contribuciones de los ciudadanos.
La irresponsabilidad de los políticos llevó a estas ricas naciones a endeudarse tanto que a esta altura sus primeros ministros, como el caso de Italia y Grecia, deben salir por la puerta trasera dejando a otros la tarea de recomponer la economía. Incluso, en el caso de Italia, ha llegado al extremo de integrar un gobierno sin políticos. Parece una paradoja, pero cuando el hartazgo ciudadano llega al límite, las soluciones políticas también son extremas.
El hecho de que nuestro país, afortunadamente, está en una región favorecida por la coyuntura económica mundial no debería constituir una licencia para que los políticos derrochen el dinero del pueblo.
A propósito, en un sistema prebendario, el populismo es más notorio en la contratación de operadores. En ese sentido, debemos recordar que el Estado paraguayo mantiene un plantel de empleados que supera tres veces lo necesario para su funcionamiento. Y hay algunas dependencias donde el despilfarro raya la delincuencia porque su mantenimiento es un verdadero robo al pueblo. Por ejemplo, es una verdadera provocación a la ciudadanía mantener el subsidio a más de 10.000 planilleros en la Justicia Electoral. Es un atropello a la razón el aumento salarial del 40 por ciento para los militares, sabiendo que así como está las Fuerzas Armadas no sirve absolutamente para nada a la nación. Igual porcentaje recibirán los policías si prospera lo aprobado en Diputados. Al menos en este estamento algunos asumen el compromiso de proteger a la ciudadanía, aunque una gran parte de sus hombres opera en la fila de los delincuentes.
Así que no está de más pensar que la promoción del despilfarro del dinero público debería constituir un delito. Deberían existir leyes que castiguen semejantes atropellos a los intereses de la mayoría. Pero como son los mismos parlamentarios los autores de estas barrabasadas y, al mismo tiempo, quienes deben legislar, entonces no nos queda otro camino que cuando llegue la hora de las elecciones, sabiendo que volverán a buscar el apoyo de la gente, será el momento de sancionarlos. Así sea.
Muestra de ello es el presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados, el cual tiene como objetivo financiar las campañas electorales del próximo año y seguir con ese sistema que tiene atada a la gente a miserables migajas que se las reparte a cambio de sus votos.
Y deberíamos aprender lo terriblemente perjudicial de este sistema. Deberíamos mirar lo que pasa en el mundo, sobre todo en las naciones europeas donde el despilfarro del dinero público hace tambalear a países de milenaria cultura democrática como Grecia, Italia y España. Entre los factores que empujaron a estos países a situaciones extremas está precisamente el derroche de las contribuciones de los ciudadanos.
La irresponsabilidad de los políticos llevó a estas ricas naciones a endeudarse tanto que a esta altura sus primeros ministros, como el caso de Italia y Grecia, deben salir por la puerta trasera dejando a otros la tarea de recomponer la economía. Incluso, en el caso de Italia, ha llegado al extremo de integrar un gobierno sin políticos. Parece una paradoja, pero cuando el hartazgo ciudadano llega al límite, las soluciones políticas también son extremas.
El hecho de que nuestro país, afortunadamente, está en una región favorecida por la coyuntura económica mundial no debería constituir una licencia para que los políticos derrochen el dinero del pueblo.
A propósito, en un sistema prebendario, el populismo es más notorio en la contratación de operadores. En ese sentido, debemos recordar que el Estado paraguayo mantiene un plantel de empleados que supera tres veces lo necesario para su funcionamiento. Y hay algunas dependencias donde el despilfarro raya la delincuencia porque su mantenimiento es un verdadero robo al pueblo. Por ejemplo, es una verdadera provocación a la ciudadanía mantener el subsidio a más de 10.000 planilleros en la Justicia Electoral. Es un atropello a la razón el aumento salarial del 40 por ciento para los militares, sabiendo que así como está las Fuerzas Armadas no sirve absolutamente para nada a la nación. Igual porcentaje recibirán los policías si prospera lo aprobado en Diputados. Al menos en este estamento algunos asumen el compromiso de proteger a la ciudadanía, aunque una gran parte de sus hombres opera en la fila de los delincuentes.
Así que no está de más pensar que la promoción del despilfarro del dinero público debería constituir un delito. Deberían existir leyes que castiguen semejantes atropellos a los intereses de la mayoría. Pero como son los mismos parlamentarios los autores de estas barrabasadas y, al mismo tiempo, quienes deben legislar, entonces no nos queda otro camino que cuando llegue la hora de las elecciones, sabiendo que volverán a buscar el apoyo de la gente, será el momento de sancionarlos. Así sea.