El combo de Lambaré

La declaración realizada la semana última por el director de la escuela Dr. Bernardo Ocampo de la ciudad de Lambaré, Gerardo Ocampo, es una de las más reveladoras que escuché en los últimos tiempos respecto a cómo funciona el sistema perverso que se ha enquistado en muchas de las instituciones del Estado.

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A raíz del derrumbe de un aula construida con dinero del denominado Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, más conocido como Fonacide, han surgido inquietudes en diferentes instituciones educativas sobre la manera en que el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas ha estado manejando los rubros. Se trata de un político del Partido Colorado que aspira al re-rekutu, es decir, a un tercer periodo como máxima autoridad municipal.

Ocampo relató que el colegio a su cargo era uno de los que necesitaban de esos rubros para la terminación de un simple baño. Para conseguirlos iniciaron los contactos con el municipio y recibieron la visita del director de cultura y un arquitecto, a fin de plasmar posteriormente la realización de las obras en un convenio.

Para la firma correspondiente, Ocampo fue convocado junto a otros directores de colegios que también gestionaron los mismos recursos. Comentó que para su sorpresa se encontró con una especie de “combo” que le fue presentado por las autoridades municipales, debido a que el convenio incluía ya a la constructora que ganó la licitación, sin que ellos tuvieran participación alguna, e incluso estaba preparado el permiso municipal correspondiente para el inicio inmediato de los trabajos. Pero la cuestión no terminó allí.

El costo de la obra fue fijado en 57 millones de guaraníes, cifra sorprendente para concluir un simple sanitario. A raíz del elevado monto, pidió un presupuesto a una contratista que estaba trabajando en la misma escuela, la que ofreció hacer el mismo trabajo, con los mismos materiales, por tan solo 22 millones de guaraníes. Ocampos se encontró sorpresivamente ante un dilema: La necesidad de tener baños presentables para sus alumnos, pero con el riesgo de quedar pegado a una grosera sobrefacturación.

“El único papel nuestro era firmar los documentos... El dinero no lo manejábamos, porque en el mismo acto en que se daba el cheque, por un valor del 70% (de las obras), se endosaba y se le entregaba a la empresa constructora”, decía Ocampo quien finalmente se negó a aceptar tamaña irregularidad. La represalia por esa actitud no se hizo esperar y el municipio incluso dejó de retirar la basura a la institución educativa por haber rechazado el combo.

Apenas es la historia de un director y un colegio del departamento Central, de una cifra que podría ser considerada ínfima entre los más de mil millones de dólares que ya generó el Fonacide. Sin embargo, refleja de forma clara la manera en que se administra la cosa pública. Si esto pasa a pocos kilómetros de la capital con una pequeña obra, se imaginan lo que estará ocurriendo con fondos de las grandes obras municipales, y ni hablar del interior del país.

Se trata apenas de una muestra que se suma al escándalo de la Contraloría donde el dinero de los ciudadanos era utilizado para pagar amantes, colocar a correligionarios y hasta a amigos del equipo de fútbol. Se une a lo descubierto en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) donde se benefició con jugosos salarios a planilleros, familiares, amigos y correligionarios.

La declaración realizada por este director a Radio Cardinal demuestra la concepción que sigue primando en la forma de administrar los fondos del Estado. Solo falta que la Justicia haga lo suyo en cada uno de estos casos y que surjan más Ocampos que se animen a hacer denuncias.

rsosa@abc.com.py

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