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Cualquier lector sabe ya de qué estoy escribiendo, porque el hecho ha sido tan original y extraño que merece pasar a la antología de los disparates nacionales de nuestra historia. Me refiero a la promoción y sanción de la ley que pretende condonar las deudas personales de no se sabe qué campesinos.
Se trata de una ley irresponsable, arbitraria, imprecisa, populista y demagógica, a espaldas de la ética política y tan imperfecta y vaga como precipitada y oportunista.
La ley está sutilmente contaminada de una mentalidad nómada depredadora que concibe al Estado como los nómadas concebían al monte: lugar de donde sacar todo lo que se pueda, en vez de espacio donde co-laborar para producir bienes y servicios que nos beneficien cooperativamente a todos con justicia y equidad.
Después de sancionada la ley se le pide al Ministerio de Agricultura que averigüe y haga la lista de los desconocidos e innominados deudores a quienes el Congreso les regala decenas de millones de dólares de los aportes que los ciudadanos entregamos al Estado para el bien común. Tampoco dice la ley de qué arcas del Estado saldrán esos fondos, ni cuándo ni cómo tienen que abonarse. Como ha dicho la ministra de Hacienda, Lea Giménez, le han pasado un papelito como cheque en blanco sin fecha de vencimiento: formalmente, “letra muerta”.
Cuando los ciudadanos enfermos no encuentran en los hospitales, ni siquiera en el Hospital Central del IPS, médicos ni medicinas, camas ni sillas de ruedas ni ambulancias; cuando los legisladores no encuentran dinero para dar a la educación el 7% del Producto Interno Bruto, mínimo necesario para mantener el sistema educativo; cuando la tercera parte de la población vive en estado de pobreza, es decir, uno de cada tres paraguayos carece de los medios estrictamente necesarios para sobrevivir humanamente y, consecuentemente, se ven privados de los derechos fundamentales que le garantizan la Constitución Nacional y la Carta Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos,…etc., nuestros legisladores regalan dinero ajeno en cantidades exorbitantes sin saber a quiénes en concreto y para pagarles presuntas deudas personales no explicitadas ni justificadas.
Los efectos negativos de esta irracional generosidad son incalculables: además de destruir las finanzas del Estado, como ha dicho el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, además de contravenir la ley de Responsabilidad Fiscal, desde la semana siguiente de la promulgación de la ley empezarían múltiples sectores de la sociedad a reclamar trato igual para sus deudas personales, el Ministerio de Hacienda tendrá que sacarles fondos a otros servicios sociales necesarios y ya comprometidos, las huelgas y manifestaciones se multiplicarán en cadena ininterrumpida y se habrá sembrado el caos para colmo en complejos y nerviosos tiempos electorales.
El concepto y la práctica de la auténtica política se han pervertido, en vez de estar al servicio del bien común en un estado social de derecho en democracia republicana, los políticos, en este caso los legisladores, administran el dinero y los bienes del Estado de acuerdo a sus intereses coyunturales y sectarios.
Hay que felicitar a la Sra. Lea Giménez, ministra de Hacienda, por su valiente postura ética y su alta visión y compromiso político con la nación. Desde un principio ha demostrado su inteligencia de mujer y como tal concreta y realista. Nunca se negó a obedecer, pero mantuvo su posición de servicio fiel alertando sobre las consecuencias de imponer una ley inviable y extorsiva.
Y con la misma o más razón hay que felicitar al presidente de nuestra República, el Sr. Horacio Cartes, que en este momento ha demostrado ser presidente de todos los paraguayos y ha cumplido frente al Poder Legislativo con su responsabilidad ética y política de poner orden, racionalidad y justicia ante una ley que perjudica a la nación y al Estado y, por tanto, a la larga, tampoco beneficia a los campesinos, que deben ser ayudados en su profesión y no hacerlos dependientes de las limosnas del Estado.