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La formación de un estado federal sería la fórmula para salir del embrollo. Si no la única, sí la mejor para mantener la unidad.
La crisis de hoy, precipitada por los catalanes, comenzó a generarse desde ya hace mucho con decisiones muy emblemáticas, como suspender las corridas de toros, y algunas muy agresivas y discriminatorias contra el idioma español, por ejemplo.
La división está latente: hoy son los catalanes y ayer fueron los vascos con una organización como la ETA que optó, fracasando, por la vía directa y violenta.
Ello no implica, empero, que el camino tomado por el gobierno de la Generalidad con Carles Puigdemont al frente, sea el legítimo y mucho menos legal y democrático. Y esto, también hay que recalcarlo, porque la crisis catalana alienta una confusión que toma fuerza en el marco de un planteo maniqueísta –goebbeliano y mccarthista– que busca confundir a la opinión pública, con la contribución de alguna prensa y “organizaciones” civiles y sociales –porque están en el juego, por ignorancia , o por la comodidad de no salirse de lo políticamente correcto– y a las que apuntalan, por supuesto, los dirigentes políticos y sociales que si están en ese juego y hacen de la falacia un eslogan.
Puigdemont fue electo democráticamente y es así. Pero fue electo en el marco de un orden constitucional bajo el cual también fueron electos, democrática y libremente, entre otros, Mariano Rajoy, presidente de España, y los miembros del Senado español, y en base a cuyas disposiciones fue designado el tribunal Constitucional. Puigdemont y el gobierno de la Generalidad han violado la Constitución española, las leyes del Reino y los dictámenes del Tribunal Constitucional, sin hablar de otras violaciones y discriminaciones y persecuciones contra aquellos que se han atrevido a sentirse y manifestarse como catalanes pero a la vez españoles, y han querido seguir hablando el castellano; y esto sin tocar el tema de una supuesta malversación de fondos. Cometieron varios delitos y, si así queda probado, tienen que recibir su castigo y eventualmente ir presos, sean políticos o no: se va preso por violar las normas, como pasa con cualquier ciudadano y no por ser un político.
Por su parte el gobierno de Rajoy, el Tribunal Constitucional y el Senado aplicaron lo que dispone la Constitución.
¿Por qué, entonces, Puigdemont y su gente son los democráticos y los otros son los autoritarios?
Los gobernantes son electos por los ciudadanos dentro de un orden constitucional legal; si al asumir violan ese orden pierden toda la cuota de legitimidad que implica ser elegido bajo un sistema democrático. Esto es claro. No se les elige para hacer lo que quieran. No tienen una patente de corso que les permite burlar el estado de Derecho vigente.
Ricardo Martinelli en su momento fue democráticamente electo presidente de Panamá. Hoy está preso en Miami y con la extradición en trámite. Si la justicia panameña dispone que vaya a la cárcel, no pasa a ser un “preso político”. Tampoco lo son otros expresidentes de países de esa región, ni lo es Julio de Vido en Argentina, pese a que fue ministro de los gobiernos “democráticamente electos” de Néstor y de Cristina Kirchner. Esta misma, si llega a ir presa por uno o más de los cuatro juicios que se le siguen –por corrupción y por traición a la patria–, no pasa a ser un presa política, ni aunque lo diga su amigo el papa Francisco.
Sin van presos será porque violaron las leyes, abusaron del poder o por corruptos y por ladrones.
La mejor muestra de esta confusión inducida o más precisamente “relajo inducido”, es la protesta de Maduro por los “presos políticos” en España. ¡Nicolás Maduro protestando por los “presos políticos”! Y, en el caso , además, coincidente con el partido español Podemos, de Pablo Iglesias, que como se sabe tanto él como otros de sus “compañeros” fueron “asesores” de Hugo Chávez y a quienes se les señala de –en su momento– haber sido financiados por el chavismo.
Así son los hechos y la gente no es estúpida . Es en lo que hay que confiar.
daf@adinet.com.uy