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En Caaguazú, la deforestación es agobiante. Las extensiones de tierra que se constituían en tupidos bosques de variedades nativas, donde también se conservaba una fauna importante, se han convertido en descampados destinados a la siembra mecanizada, dañando enormemente al ecosistema.
Existe un proceso que conlleva varias etapas que son aprovechadas en un 100 por ciento por los comerciantes, que en detrimento de la naturaleza solo piensan en un beneficio económico.
Se extraen metros y metros de madera, mientras se van extinguiendo aves, insectos y especies de animales silvestres para dar paso a la su explotación de agrocultivos mecanizados.
Esta situación es aprovechada por los comerciantes, que conociendo el sistema de corrupción e impunidad reinante en las instituciones encargadas de preservar el medio ambiente actúan con total libertad y con el mayor descaro.
Unas 21.000 hectáreas de bosque son desmontadas cada año en el departamento de Caaguazú. Hasta ahora no hay un solo condenado por delitos contra el medio ambiente.
Con estas estadísticas, uno puede concluir que no existe voluntad de parte del Ministerio Público y el Poder Judicial para desalentar la comisión de delitos ecológicos, quizás porque desde estas mismas instituciones se aprovecha la causa como manera fácil de llenarse los bolsillos.
También, el Instituto Forestal Nacional (Infona), la Secretaría del Medio Ambiente (Seam) y la Policía Nacional hacen la vista gorda a esta manera atroz de acabar con el equilibrio del planeta.
Con este panorama el rollotráfico y explotadores ilegales de reservas forestales seguirán disfrutando bajo el amparo de la impunidad.
carmen. colman@abc.com.py