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La denuncia que presentaron a mitad de semana los líderes del Frente Guasu a la OEA solo fue uno de los más recientes elementos que conforman ese proceso. Desde ningún lugar se puede sostener seriamente que no integrar las mesas de votación o no formar parte de las juntas cívicas sea el inicio del un proceso de fraude. Como mucho es un manejo arbitrario de las autoridades electorales o la constatación del bajo desarrollo democrático.
La OEA tomó el reclamo porque no puede hacer otra cosa. No puede ni hará mucho más sencillamente porque no hay ningún elemento que demuestre algún tipo de irregularidad. Es uno de los muchos casos donde los actores políticos exageran o tergiversan situaciones para sostener un discurso electoral.
Esta semana el exgobernador del Guairá, Rodolfo Friedmann, aseguró que fue él y no el senador Juan Carlos Galaverna, que adulteró actas de las internas coloradas de 1992 para dar la victoria a Juan Carlos Wasmosy. El oportuno arranque de sinceridad vino un día después de que el exsenador González Daher, anunciará que dejaría la lista de candidatos de la ANR si Galaverna, quien meses atrás se declaró responsable de la modificación de las actas, también renunciaba a su postulación.
Ahora hay dos responsables de un delito, pero ningún detenido o procesado. El paso del tiempo los liberó de responsabilidad. Se naturalizó una situación que tuvo un enorme impacto en la vida política del país y que debió recibir un castigo ejemplar.
Hace unos meses la Justicia Electoral integró a su antojo el Tribunal Electoral de la Capital que estudiaría las impugnaciones de la lista de candidatos para las elecciones generales. Por el poder de la mayoría se impuso como razonable conformar el Tribunal de acuerdo con los intereses del Partido Colorado, que finalmente evitó que sus candidatos a senadores sean impugnados.
Antes el presidente del PLRA, Efraín Alegre, junto con un grupo de dirigentes, inició una cruzada para blindar el vandálico atropello al Congreso y evitar que los responsables sean procesados por la justicia. Se construyó un discurso político para justificar un delito y el caso hasta ahora navega en las tormentosas aguas de la presión política.
En medio se difundieron las escuchas telefónicas que desnudaron el grosero manoseo para torcer causas judiciales. El caso no avanza en la justicia. Se maneja de acuerdo a las conveniencias y necesidades políticas.
Estos hechos, sumados a muchos otros que se suceden desde hace varios años, revelan como lenta pero sostenidamente la dirigencia política se encarga de desmontar todo proceso institucional para mantener un modelo que asegura sinecuras y modifica las reglas de juego conforme mayorías y necesidades coyunturales.
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