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La semana pasada saltó a la opinión pública una denuncia que involucra a funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de la oficina regional de San Ignacio, departamento de Misiones. Habría aquí una “rosca” que se beneficia de un escandaloso fraude a la empresa estatal a través del “lavado de cuentas” de grandes consumidores.
En tiempo relámpago de dos días -esta semana que pasó- un par de auditores “auditó” la agencia, pero existen razonables dudas de que se repita lo del año 2013, cuando una denuncia interna de similar tenor terminó en el paraguayísimo “oparei”.
El “lavado de cuentas” sería una modalidad extendida en la empresa. En Encarnación hay un pedido de informe interno, la denuncia data de dos años, por un caso que tiene las mismas características. Es también, apenas, una de las tantas formas de robo, que se concretan en jugosos contratos a empresas de “amigos”, “correligionarios” y altos funcionarios del Estado, licitaciones amañadas, sobrefacturaciones.
Ante el hecho, resulta sugestivo el escaso interés de los máximos responsables de la estatal por esclarecer este posible fraude. Es también significativo el silencio del Ministerio Público, que se supone está para velar por los intereses de la ciudadanía.
El cáncer que nos corroe es la corrupción, y la que la alienta y sostiene es la impunidad. Necesitamos sacudirnos de estos vicios que están convirtiendo una nación inmensamente rica, de gente mayoritariamente honesta y laboriosa, en un nido de “yatebúes” que se burlan del resto de la ciudadanía, de quienes todavía creemos en la honestidad, en la legalidad y en la justicia como las herramientas para la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades para todos.
jaroa@abc.com.py