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La leyenda cuenta que un ministro brasileño se presentó ante él con un corcel blanco y otros regalos. Dicen que Melgarejo, en reconocimiento, tomó un mapa de Bolivia, lo marcó con el casco del caballo y obsequió esa tierra, muy disputada por los indígenas bolivianos, como regalo al gobierno brasileño. Cuánto de verdad hay en esto, no lo podría aseverar, pero es indudablemente parte de la historia no oficial del continente.
Esta suma del poder público que obligaba a todo un país, creímos se había desvanecido como amenaza, y que los convenios, acuerdos y tratados internacionales moldeaban ahora con precisión y estructuras el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones jurídicas de los estados entre sí, creando obligaciones, responsabilidades y derechos.
La pasada semana, con la confesión del presidente uruguayo Mujica de que se habían privilegiado “los aspectos políticos por encima de los aspectos jurídicos” cuando buscó justificar la decisión tomada durante la Cumbre del Mercosur para habilitar el ingreso de Venezuela al bloque regional, se asestó un tiro en la línea de flotación de todo el derecho regional de integración. Esta es una realidad innegable. Y volvimos a la ley del más fuerte o el que grita más.
Sus declaraciones reconocen en forma contundente que la decisión del Mercosur no se ajustó a Derecho. O sea, lo que sostuvo el presidente Mujica es que si se hubiera regido por la norma jurídica, esta decisión no se podría haber tomado.
A la luz de las actuaciones recientes, nuestras autoridades tienen la obligación por responsabilidad, seriedad y patriotismo, de revisar con mucho cuidado, de ahora en adelante, todo lo que el país firma, ratifica y se obliga, de manera a no pasar la factura a los paraguayos presentes y futuros de decisiones tomadas sin la suficiente información y precaución. Nuestra buena voluntad como Nación estableció, además, a través un artículo constitucional, que todos los acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Congreso están por encima de la legislación nacional, en el orden de prelación de las leyes. Esta previsión constitucional obliga a actuar con la mayor cautela en la defensa de los intereses de la Nación.
Nuestro país sin litoral marítimo y el “jamón del sándwich” en medio de los “colosos de América del Sur”, puede y así sucedió, ser fácilmente víctima del “apriete” por parte de gobiernos que no creen en la igualdad entre los países o en la vigencia del derecho internacional. La mejor prueba de ello es la de haber obviado la obligación de que Paraguay apruebe el ingreso de Venezuela como miembro del Mercosur, o sea nos borraron del mapa.
Esto tampoco es nuevo: cuenta la leyenda que el mismo Melgarejo al que aludía al inicio del artículo, después de discutir con el embajador inglés en Bolivia sobre la conveniencia de firmar un tratado, ordenó que este fuera expulsado del país. Pero no contento con eso, lo hizo salir de Bolivia, montado en un burro, y ¡al revés! La Reina Victoria en represalia, hizo “borrar” a Bolivia de los mapas ingleses de la época…
¡Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia!
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