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Llamativamente, una enérgica oposición desde el Ministerio de Hacienda irrumpió en la intención legislativa que contaba ya con media sanción, con la excusa de que se pone en riesgo a un sector económico, sector que si bien genera “5.000 empleos” directos, termina perjudicando la salud de miles de paraguayos y es el facilitador inicial de la adicción a sustancias en niños y adolescentes. El costo que cargamos por incentivar la industria tabacalera es muy alto y lo pagamos todos, pues la Salud Pública destina más de US$ 100 millones al año en tratamiento de enfermedades terminales ligadas al consumo de tabaco.
Con los últimos mínimos ajustes realizados en el 2015, la contribución del ISC subió del 13% al 16%, con lo que la recaudación pasó de US$ 53 millones a US$ 68 millones, y ni siquiera se aplica la totalidad del impuesto o tasa máxima del 20%, que ya fue aprobado en esa oportunidad por la Ley 5538/15. Y aunque se reglamentara dicha tasa máxima, aún se estará lejos del promedio regional y del mundo, donde se manejan tasas del ISC de 50% a 70%.
A nivel local el Senado tiene un proyecto aprobado para llevar la tasa a un mínimo de 30% y un máximo de 40%, más un arancel adicional de G. 1.500 por cajetilla. Si bien la iniciativa parlamentaria se aprobó con mayoría en la Cámara Alta cuando las aguas coloradas estaban divididas, el proyecto sufrió luego una gran modificación en Diputados, quedando los porcentajes entre el 18% y el 22%, es decir casi a los valores actuales.
La decisión final la tendrá de nuevo el Senado, pero aparentemente el tratamiento del tema no se dará hasta después de las elecciones presidenciales, ya que ahora el contexto político es diferente. Y así se pone en riesgo un proyecto clave para respaldar la salud pública que ahora queda una vez más a merced de los intereses políticos y económicos de unos pocos.
No es raro que con los incentivos fiscales que permite la legislación las tabacaleras paraguayas estén inundando el mercado regional con productos a precios irrisorios en comparación al resto.
Según datos del Ministerio de Salud, que fueron confirmados por el sector tabacalero, se comercializan unos 3.000 millones de cajetillas en el año, de las cuales el 90% tienen como destino distintos puntos del exterior. Por esto el fisco recaudó unos US$ 58 millones en el 2016 y US$ 68 millones en el 2017. Solo por hacer una comparación, en Argentina, por la comercialización de 1.794 millones de cajetillas, casi la mitad de lo que comercializa Paraguay, recaudaron en impuestos unos US$ 2.482 millones en el 2016, de acuerdo con datos oficiales.
Con estas comparaciones y cifras es inadmisible la defensa de Hacienda, de que la carga tributaria del tabaco es elevada, en una abierta defensa hacia los negocios del presidente Cartes. En algo sí tienen razón y es que el exceso de incentivo al sector tabacalero ha promovido la comercialización de más 3.000 millones de cajetillas al año, inundando esos productos la región en una clara competencia desleal, y con razón este negocio es uno de los mayores aportantes al fisco, con una recaudación efectiva del 0,23% del PIB.
Las cajetillas de cigarrillos nacionales se consiguen en despensas, bodegas, kioscos y supermercados desde G. 2.000, al alcance de los más vulnerables, incluidos adolescentes, que a veces reemplazan el alimento del recreo por un vicio fomentado por el bajo costo. Entonces es cuando uno se pregunta si a qué precio realmente queremos crecer e impulsar nuestra economía.
La práctica internacional de elevar el impuesto al tabaco no ha dejado industrias en ruinas, como intentan alertar los tabacaleros con apoyo de Hacienda. Los consumidores con mayor poder adquisitivo siguen adquiriendo cigarrillos, aunque ciertamente tributos más altos ponen un freno al consumo por parte de los más vulnerables.
Aumentar la contribución impositiva del tabaco es necesario y urgente para paliar gastos de salud y desincentivar el consumo en los más jóvenes.