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La Cámara de Senadores, teniendo en cuenta la propuesta de todas las instituciones más importantes y autorizadas en el campo de la educación superior, ha aprobado un texto de ley, que responde a los criterios fundados y a los intereses de la nación y de las instituciones públicas y privadas, protagonistas y más cualificadas del máximo nivel de educación en el sistema educativo nacional.
Antes de esta segunda aprobación de la ley en la Cámara de Senadores, un grupo de Diputados interfirió por poca diferencia de votos, con una mayoría relativa, proponiendo enmiendas al texto que vino aprobado por primera vez de la Cámara de Senadores.
Analizando ambas versiones, la aprobada dos veces por los Senadores y la presentada con enmiendas a ese texto por parte de un grupo de Diputados, nos encontramos ante dos posiciones claramente dispares. La de los senadores, que defienden las exigencias de la Constitución Nacional; y la de algunos diputados que quieren imponer arbitrariedades.
La ley aprobada por los senadores es fiel a la Constitución Nacional y responde al pedido de las instituciones responsables en el sistema de educación superior. El texto de ley presentado por algunos diputados no es fiel a la Constitución Nacional y pretende instalar en el sistema mecanismos y arbitrariedades que limitan el poder del Estado, desprofesionalizan y politizan la futura institución rectora (el Consejo Nacional de Educación Superior), reducen el rol del ministro de Educación y Cultura, que está definido en la Constitución Nacional, y extienden, sin justificación legal, a los institutos superiores el derecho de autonomía que la Constitución Nacional otorga solamente a las universidades.
Resulta muy difícil entender por qué este grupo de diputados insiste en su postura de torcer la ley aprobada dos veces en la Cámara de Senadores. Actualmente, la educación superior está sin control alguno y con pésimos resultados en la mayoría de sus instituciones, como se viene comprobando en distintos concursos para cubrir plazas profesionales a nivel nacional e internacional. En estas circunstancias, es sospechoso querer una ley permisiva, que impida al ministro el ejercicio de las responsabilidades que le impone la Constitución Nacional. Da para pensar que se defienden otros intereses personales, en vez del interés nacional con el que la educación superior contribuya al desarrollo del país y al bien común.
No podemos entender por qué este grupo de diputados quiere que un representante de la Cámara de Senadores y otro de la Cámara de Diputados formen parte del Consejo Nacional de Educación Superior, que es una institución del Ejecutivo. ¿No son los legisladores los que tienen en su poder crear o no por ley las universidades y los institutos superiores? ¿También desde ahora van a estar presentes en la instancia ejecutiva que regenta las instituciones educativas?
Esta propuesta es arbitraria, sin fundamento en la Constitución Nacional a la hora de repartir roles y en la separación de los poderes del Estado.
La gente de calle y los profesionales especializados en educación ejercemos el derecho de opinar y de solicitar que se promulguen leyes que ayuden a poner orden en el sistema educativo, en vez de leyes que lo compliquen y dejen grietas por donde se pueda filtrar la corrupción o el abuso de poder. Para quien tenga sentido común, algún valor debe tener la autoridad de la Cámara de Senadores y el parecer de todas las instituciones oficiales y privadas, responsables del gobierno y la coordinación en el sistema de la educación superior.
jmontero@conexion.com.py