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Mientras se vive el entusiasmo para memorar la fecha más importante de la cristiandad, aparece de nuevo la firma Concret-Mix con su pretensión de seguir destruyendo el cerro por el que los pobladores están luchando desde hace muchos años. Buscan que se respete su propiedad.
El drama comenzó cuando en diciembre de 1989 se decretó el arrendamiento para la explotación de la cantera “por un período de 10 años”. En marzo de 2000, el alquiler se extendió por otros 10 años. En octubre de 2010, al cabo de 20 años del desmedido beneficio a la empresa explotadora –nunca mejor dicho– por otro decreto se le prorroga por dos años más, no obstante el clamor de los pobladores terriblemente perjudicados por dos hechos: la explosión de dinamita que causaba rajaduras en las paredes de sus casas y la acelerada pérdida de un bien público.
Con todas las protestas, en mayo de 2013 se le permitió a Concret-Mix tres años más de arrendamiento. Se llegó a 2016 y el Poder Ejecutivo, por fin a favor de la sufrida población, no extendió la constante prórroga que se venía dando. Con el contrato vencido, el valioso recurso natural volvió a su propietaria: la ciudadanía de Ñemby.
Por decreto el cerro regresó a su dueña, pero bastante magullada: perdió siete millones de metros cúbicos de piedras que representan unos 150 millones de dólares. Aun con esta enorme herida, Ñemby ama a su cerro y desde siempre se propuso cuidarlo. Es parte esencial de su paisaje y de su personalidad. Sin su cerro Ñemby perdería su rostro y su alma. Por ello, y por lo que queda del cerro, seguirá peleándose contra la codicia feroz que intenta dejar el sitio sin un gramo de piedra que por lo menos recuerde que, alguna vez, ha habido un cerro hermoso y querido.
El Ejecutivo, por decreto del 4 de julio de 2017, devolvió el cerro a la Municipalidad de Ñemby. Ya habían vencido los 30 años de concesión que solo benefició a una empresa. Para sorpresa de todos, Concret-Mit, que pertenece a Rubén Darío Bogarín, recurrió a la Corte Suprema de Justicia con la intención de lograr la inconstitucionalidad del citado decreto. ¿Qué documentos presenta la empresa para seguir explotando el cerro? Nada, o peor, unos papeles que no sirven para demostrar supuestos derechos. ¿Derechos sobre un bien comunal? ¿Derechos sobre una riqueza natural que, por otro lado, ya la habían rapiñado?
El documento presentado por Concret-Mix es un contrato de alquiler del 2 de julio de 2016 que lleva la firma de Salyn Buzarquis, entonces ministro de Obras Públicas. Sí, es el mismo, el que cada semana salía con una pala al hombro a cualquier parte del país para dar la “palada inicial” de una obra destinada a no hacerse. Eso sí, servía para las fotos.
El documento presentado a la Corte por Concret-Mix es un contrato de alquiler y no el decreto respectivo como corresponde, tal como se venía haciendo desde 1989. ¿Por qué esta vez no? Porque el contrato expiró y el Poder Ejecutivo hizo lo que tenía que hacer: devolver a la Comuna de Ñemby un bien que le pertenece. Y la Comuna de Ñemby no tiene ningún interés que se siga destruyendo todavía más un patrimonio del pueblo.
El intendente, Lucas Lanzoni, dijo a ABC Color: “Sabíamos que iban a recurrir a la Corte como última instancia, porque perdieron todas las acciones judiciales que promovieron en el juzgado de Lambaré, pero no creo que tenga mayor relevancia porque no se violó ningún artículo de la Constitución Nacional”.
Con este justificado optimismo, la Intendencia Municipal encabeza, junto con la iglesia local, el novedoso proyecto de ofrecer espectáculos religiosos, propios de la Semana Santa, en el corazón mismo del cerro que estará ocupado, también, por las voces de los estacioneros que son la identidad de estos actos de religiosidad popular.
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