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El sistema judicial paraguayo es demasiado dependiente de la voluntad de los políticos que ostentan el poder. La vara de los jueces oscila según los vientos que soplan desde las esferas gubernamentales y, también, aunque en menor medida, de los grupos económicamente poderosos.
Desde la propia selección de fiscales y jueces hasta el nombramiento y eventual juicio político del fiscal general del Estado y de los miembros de la Corte Suprema de Justicia están en manos de dirigentes políticos que responden a los intereses de sus respectivos partidos.
La influencia de la política y del poder sobre la administración de justicia se nota con frecuencia en muchos casos que se tramitan en los tribunales. Por ejemplo, graves denuncias contra diputados y senadores están ahí, pudriéndose en los cajones, y pasan años sin que los imputados presten siquiera la declaración preliminar indagatoria.
Cuando algunas de las más altas autoridades de los partidos políticos cometen acciones presuntamente ilegales, lo más seguro es que los expedientes sufran una parálisis temporal sine die. El vicepresidente Juan Afara (ANR) presentó ante la justicia electoral una solicitud formal para la reelección de Cartes vía enmienda con más de 300 firmas falsificadas, y Efraín Alegre (titular del PLRA) estuvo a la cabeza de una manifestación que, tras enfrentarse con la policía, prendió fuego al Congreso; ambos fueron denunciados ante la justicia. Ahora, el primero es candidato a senador, y el segundo se postula a la presidencia de la República.
En el actual debate sobre la aceptación por el Congreso de la abogada Sandra Quiñónez para el cargo de fiscal general del Estado se ve con total claridad que el análisis no pasa por los méritos académicos, profesionales ni éticos de la candidata, sino que los legisladores actúan según las instrucciones recibidas en las diferentes bancadas partidarias.
Tanto el órgano elector, Consejo de la Magistratura, como el que debe juzgar y sancionar a fiscales y jueces, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, son instancias en las cuales el peso de los intereses políticos es predominante. Los amigos de los poderosos son protegidos y los apegados a la ley, separados.
Hace unos días, unos 500 jueces participaron en un encuentro nacional y pidieron, por favor, que los políticos les dejen trabajar en paz. “Hay que despartidizar la justicia”, exclamaron. Oh, sorpresa. ¿Fue un sincericidio, un arrepentimiento tardío, una bolaterapia o un grito de auxilio para salir del pozo?
Difícil saberlo, porque muchos de los jueces participantes fueron o son protagonistas de los negociados y transas de toda clase que ensucian al sistema en la casa de Astrea. Por ahora, permítannos seguir dudando de nuestra desprestigiada justicia.