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Rojas pretende, en su proyecto de ley, que no se puedan importar autos de más de siete años de antigüedad y, además que, con la excusa de realizar inspecciones técnicas vehiculares a los chileré, se restablezca la vigencia de la ley 3850/09, que creaba un sistema nacional obligatorio de inspección técnica vehicular.
Rojas nunca les dijo a sus electores que haría eso. Al menos no a sus electores de a pie. Tal vez se comprometió a eso con sus electores con billetes, con sus financistas, cuyas identidades nunca sabremos porque la ley de financiamiento político no permite la trazabilidad de aportes en las internas de las organizaciones políticas.
El proyecto de Rojas es inconstitucional por donde se lo mire. La restricción de la importación de los chileré viola groseramente el Artículo 107 de nuestra Constitución que establece que “Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades”. Y que “Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia”.
Restringir por antigüedad la importación de los chileré traba la libre concurrencia de toda persona que pretenda dedicarse a la actividad económica de su preferencia y genera, por tanto, una imposición de precios de automóviles que ya no resulta de la libre competencia en el mercado, sino de una regulación artificial.
Y restablecer una inspección técnica vehicular nacional viola el Artículo 168 de nuestra Constitución que establece que “Serán atribuciones de las municipalidades, en su jurisdicción territorial y con arreglo a la ley (…) la reglamentación y la fiscalización del tránsito, del transporte público y la de otras materias relativas a la circulación de vehículos”.
La circulación de autos en nuestro país no es un asunto del Estado. Es un asunto de cada municipio. La ley puede, y debe, definir estándares generales para los municipios, como por ejemplo la ley 5016 de tránsito, pero no puede robar a los municipios su atribución de regular las condiciones de circulación “en su jurisdicción territorial”.
Los chileré deben ser sometidos a una inspección técnica vehicular previa a su despacho aduanero, porque creo evidente que los compradores de los chileré tienen derecho a que estos autos cumplan los requisitos de seguridad y salubridad que la convivencia vial requiere (frenos, luces, dirección, emisiones) pero no en virtud de una ley que viola nuestra Constitución, la 3850, sino en la de otra, nueva, que debería dictarse a ese efecto.
Rojas no contó a sus electores de a pie que les restringiría el acceso al automóvil. Rojas se presentó ante esos electores como candidato liberal, es decir como un candidato filosóficamente comprometido con la libre concurrencia y con la autonomía municipal, banderas clásicas y características del liberalismo.
Me gustaría que el diputado cartista Sergio Rojas explique a los liberales y a los ciudadanos que votaron por él las razones por las que les ocultó que presentaría este proyecto y por la que impulsa normas contrarias al liberalismo. Creo que debe revelar quién le financió la campaña.