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Hoy no resulta muy elegante criticarla, pero como se trata del presunto mal manejo de dinero de nuestro empobrecido pueblo, no hay más remedio que hablar de Susana Galli Romañach.
Ella es la presidenta de la Fundación Primera Dama, una entidad que desde 1999 ha venido recibiendo importantes donaciones, tanto de fuentes privadas como de las arcas del Estado. La fundación realiza actividades benéficas en favor de diversos sectores sociales carentes de recursos.
Hasta aquí, todo bien, la situación no es distinta a la habitual en otros países democráticos. ¿En dónde está el problema? En varias cosas que se fueron sumando y que provocaron la reacción de algunos políticos, como el diputado liberal Efraín Alegre, quien promovió un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el manejo poco claro de los fondos de la citada fundación.
Como antecedente, tenemos el hecho de que la primera dama no tuvo reparos éticos en utilizar un auto Mercedes Benz de procedencia ilegal, tal como también lo hacía su esposo, el Presidente de la República, quien circulaba en un BMW mau. Ambos rodados ya fueron capturados por la justicia.
Después, apareció el nombre de la primera dama en una lista de personas que habían realizado depósitos (ella, unos 240 mil dólares) en la banca of shore, es decir, fuera de nuestro sistema legal bancario, a través de una entidad financiera satélite del Banco Alemán que operaba en las Islas Caimán. ¿Es moralmente correcto que la señora del Presidente de la República realice operaciones bancarias no autorizadas, según el Banco Central del Paraguay? ¿No debería ser la primera dama también la primera en cumplir con las leyes nacionales?
Luego, el Jefe de Estado manifiesta que, del cuantioso fondo de gastos reservados de la Presidencia de la República, ha transferido importantes sumas a la Fundación Primera Dama, sin que se sepa realmente adónde fueron a parar tales fondos públicos.
Más recientemente, sale a luz una inversión personal de Susana Galli Romañach en el Banco Sudameris por un monto de 420 mil dólares, en 42 certificados de depósitos de 10 mil dólares cada uno.
Ante tanto dinero que la primera dama tiene a su nombre particular y teniendo en cuenta que ella no tiene una profesión, un trabajo bien remunerado ni una empresa privada lucrativa, cabe formular la duda de si no hubo enriquecimiento ilícito mediante la apropiación ilegal de fondos originalmente destinados al cumplimiento de los objetivos de la Fundación Primera Dama.
No se trata aquí de meter las narices en los asuntos privados de una respetable señora. Lo que interesa es averiguar si hubo o no malversación de fondos de una entidad pública (Fundación Primera Dama) que en estos cuatro años ha recibido grandes sumas de dinero del Estado.
¿Parte de esos fondos han ido a parar a cuentas particulares de la bella primera dama? Teniendo en cuenta el mar de corrupción que impera en el gobierno de González Macchi, la pregunta es legítima y debe ser aclarada.
La belleza y la simpatía son una cosa; la avivada y el latrocinio son otra, aunque a veces pueden ir juntas.
Ella es la presidenta de la Fundación Primera Dama, una entidad que desde 1999 ha venido recibiendo importantes donaciones, tanto de fuentes privadas como de las arcas del Estado. La fundación realiza actividades benéficas en favor de diversos sectores sociales carentes de recursos.
Hasta aquí, todo bien, la situación no es distinta a la habitual en otros países democráticos. ¿En dónde está el problema? En varias cosas que se fueron sumando y que provocaron la reacción de algunos políticos, como el diputado liberal Efraín Alegre, quien promovió un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el manejo poco claro de los fondos de la citada fundación.
Como antecedente, tenemos el hecho de que la primera dama no tuvo reparos éticos en utilizar un auto Mercedes Benz de procedencia ilegal, tal como también lo hacía su esposo, el Presidente de la República, quien circulaba en un BMW mau. Ambos rodados ya fueron capturados por la justicia.
Después, apareció el nombre de la primera dama en una lista de personas que habían realizado depósitos (ella, unos 240 mil dólares) en la banca of shore, es decir, fuera de nuestro sistema legal bancario, a través de una entidad financiera satélite del Banco Alemán que operaba en las Islas Caimán. ¿Es moralmente correcto que la señora del Presidente de la República realice operaciones bancarias no autorizadas, según el Banco Central del Paraguay? ¿No debería ser la primera dama también la primera en cumplir con las leyes nacionales?
Luego, el Jefe de Estado manifiesta que, del cuantioso fondo de gastos reservados de la Presidencia de la República, ha transferido importantes sumas a la Fundación Primera Dama, sin que se sepa realmente adónde fueron a parar tales fondos públicos.
Más recientemente, sale a luz una inversión personal de Susana Galli Romañach en el Banco Sudameris por un monto de 420 mil dólares, en 42 certificados de depósitos de 10 mil dólares cada uno.
Ante tanto dinero que la primera dama tiene a su nombre particular y teniendo en cuenta que ella no tiene una profesión, un trabajo bien remunerado ni una empresa privada lucrativa, cabe formular la duda de si no hubo enriquecimiento ilícito mediante la apropiación ilegal de fondos originalmente destinados al cumplimiento de los objetivos de la Fundación Primera Dama.
No se trata aquí de meter las narices en los asuntos privados de una respetable señora. Lo que interesa es averiguar si hubo o no malversación de fondos de una entidad pública (Fundación Primera Dama) que en estos cuatro años ha recibido grandes sumas de dinero del Estado.
¿Parte de esos fondos han ido a parar a cuentas particulares de la bella primera dama? Teniendo en cuenta el mar de corrupción que impera en el gobierno de González Macchi, la pregunta es legítima y debe ser aclarada.
La belleza y la simpatía son una cosa; la avivada y el latrocinio son otra, aunque a veces pueden ir juntas.