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Orrego impidió la llegada de los funcionarios del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional porque los trabajos de cedulación se realizarían en el salón parroquial y no en la sede de la Municipalidad, tal como ella pretendía.
Las personas que viven en las lejanas comunidades del Alto Paraguay, en medio de numerosas precariedades sociales y en la cual sobresale la falta de caminos de todo tiempo, no tienen la oportunidad de poder viajar a la capital del país para realizar los trámites de documentación, por lo que la venida de estos funcionarios era considerada de suma importancia.
Su necedad de la señora intendenta hizo que varias personas –entre ellas, de la tercera edad– no pudieran renovar sus documentos de identidad, requisito fundamental para acceder al cobro de la denominada pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza, otorgado por el Estado, a través del Ministerio de Hacienda.
El desatino de la jefa comunal también imposibilitó a varios niños acceder por vez primera a la cedulación.
¿Qué tiene que ver que los trabajos se realicen en este u otro lugar? Absolutamente nada, porque no se trata de unos comicios electorales en los cuales la elección de un local determinado podría eventualmente favorecer a uno u otro contrincante político.
Facilitar a los compatriotas el acceso a este elemental servicio es una responsabilidad de las autoridades y no se deben mirar los colores de partidos políticos o movimientos independientes.
Las autoridades, tanto departamentales como locales, deben comprender que son funcionarios públicos al servicio de las personas, y no creer que son dueños de las instituciones que representan en forma casual.
Los entes no deben manejarse a su antojo y capricho como si se tratara de una empresa privada. Todas se deben a la ciudadanía y deben estar a su servicio.
calmiron@abc.com.py