Auditoría impositiva: Un desafío para el Ministerio de Hacienda

Ilegalmente suspendido por Nicanor Duarte Frutos, el artículo 33º de la Ley de Reforma Tributaria, que establece la obligatoriedad de que las empresas con facturación superior a seis mil millones de guaraníes contraten una auditoría externa impositiva, parece próximo a implementarse. Esta disposición de la Ley 2.421 debió entrar en vigencia en julio del 2005, pero por medio de un Decreto, el Poder Ejecutivo lo viene postergando, con lo cual en este caso concreto el Presidente de la República viene violando la ley, al menos desde hace 27 meses, es decir, más de la mitad del tiempo total de su mandato.

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¿Qué es la auditoría impositiva?

Empecemos por decir que el concepto generalizado de que una “auditoría contable” se limita a revisar registros de contabilidad es un concepto errado, o al menos totalmente sesgado de lo que significa llevar a cabo una auditoría. En efecto, puede incluso suceder que en una empresa, los números “cuadren o balanceen” correctamente, pero, aún así, el auditor deba emitir un dictamen adverso, lo que en pocas palabras significa que sus Estados Financieros o Contables, comúnmente conocidos como “el balance”, están mal, o que lo que se dice en ellos sobre la situación patrimonial y financiera de la empresa no es verdad.

Realizar una auditoría externa impositiva implica examinar a fondo el valor de los bienes, mercaderías, activos fijos, cuentas a cobrar y todos los demás rubros o partidas componentes de los estados financieros; verificar que esas partidas existan, sean propiedad u obligación de la empresa, que se hayan reconocido oportunamente los ingresos y gastos, y que no se haya omitido ninguno de ellos en la presentación de la información financiera. Es sabido que la amplia gama de transacciones derivadas de la modificación o transformación de los elementos patrimoniales citados, genera la renta o utilidad, con lo cual se configuran los actos gravados por los distintos impuestos. Es por eso que recién después de realizar todo el proceso de la auditoría o simultáneamente con él, el auditor deberá revisar el tema impositivo; las partidas deducibles o no; la oportunidad del pago y la cuantía de los impuestos retenidos e ingresados al fisco.

Para llevar a cabo esta labor, es imprescindible que el auditor revise los estados financieros completos. Para esto, claro está, debe ser un profesional altamente calificado, con suficiente formación técnica en esta especialidad, pero también con muchos años de experiencia en la práctica de la auditoría independiente, ya que es imposible que un contador se convierta en auditor de la noche a la mañana, de la misma manera que un pedíatra o un traumatólogo no se convertirá en cirujano cardiovascular, por el sólo hecho de haber ejercido por muchos años una de esas especialidades. Un contador recién recibido, o un funcionario público jubilado que trabajó toda su vida, por ejemplo, en la Subsecretaría de Tributación, pero sin experiencia en esta labor, no podrá nunca ser buen auditor independiente.


El desafío del Ministerio de Hacienda

Por todo lo anterior, si el objetivo de esta reforma es que la auditoría impositiva aporte transparencia a la información financiera que los contribuyentes presentan a Tributación como base para la liquidación y pago de sus impuestos, es necesario que el Ministerio de Hacienda, junto a los gremios profesionales, establezcan reglas precisas para prestar este servicio, con procesos de habilitación rigurosos e incluso regulares exámenes de habilitación; revisión periódica de los papeles de trabajo de los auditores y potestad disciplinaria para sancionar, tal como es práctica habitual en otros países. De otro modo, si con la reglamentación próxima a salir se procederá a habilitar legalmente a una gran masa de contadores que contarán con ello con la licencia necesaria para fungir como “auditores independientes”, sin contar con la formación y la experiencia necesarias, se estará propiciando sin duda la venta de dictámenes de auditoría, lo que es totalmente diferente a prestar un servicio profesional independiente. La reforma será entonces sólo de forma, pues sin lugar a dudas se continuará con la práctica –siempre denunciada pero escasamente constatada y menos aún sancionada–, de funcionarios de Hacienda que, coimas mediante, blanquean la situación impositiva de los contribuyentes. Si este es el camino que seguirá el Ministerio de Hacienda en este tema, no habrá ningún avance hacia la transparencia. Lo que se hará simplemente será privatizar la corrupción.

Por Dra. Marta González Ayala (*) (*) Presidenta de la Comisión Interamericana de Auditoria - AIC. Socia gerente de AUDICON, Auditores, Contadores & Consultores. Profesora titular de Auditoría de la Universidad Nacional de Asunción. Columnista invitada.
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