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Viendo las pocas obras realizadas por la Gobernación en seis meses, se deduce que no pudo haber utilizado la millonaria suma de dinero, mucho menos se podría justificar en forma transparente el destino de los recursos.
En el departamento se habla con insistencia de las sospechas de que parte de los recursos fue utilizada para financiar la campaña proselitista de los candidatos del Partido Colorado de la región. Los propios dirigentes políticos de la zona lo dicen, pero como no hay pruebas contundentes, pruebas materiales, no se arriesgan a decir a viva voz.
Lamentablemente este tipo de prácticas corruptas se vienen repitiendo desde hace años en la Gobernación y algunas municipalidades de la región. Algunas autoridades fueron condenadas por jueces a devolver parte de lo robado, pero no cumplieron, y la impunidad se enseñorea cada vez más.
La gobernadora Ocampo dijo en el acto de posesión de cargo que asume “la responsabilidad de tratar de cambiar la mala imagen de corrupción política que se vive en el departamento”. De hecho es una brillante oportunidad para demostrar que no forma parte de ese grupo de carroñeros, más aún considerando que ella integraba la Junta Departamental del periodo anterior.
Lo primero que debe hacer Ocampo es solicitar una auditoría de la gestión de Fernández Bauzá e interiorizarse de las condenas judiciales de los sucesivos gobernadores de la transición democrática, como sus correligionarios Erasmo Rodríguez y Rosalba Belmonte de Penayo.
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