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Se prometió en su momento un gran impulso económico, una lluvia de inversiones nacionales y extranjeras con números exorbitantes, un equipo técnico de primera y de avances sociales inigualables respecto al pasado. Adicionalmente, se promocionó que llegaba al poder un millonario que no necesitaba robar.
A cinco años de mandato, el gobierno que se va ha logrado mantener estables los principales indicadores de la economía, cuyo logro inicial está marcado por la era Nicanor. Crecimiento económico por encima de los países de la región, inflación y déficit fiscal controlado, equilibrio monetario y cambiario, entre otros. Los resultados más resaltantes se concentraron en acelerar la construcción de viviendas económicas y el mantenimiento de números positivos en el rubro agropecuario, aunque en este último ámbito primó más el trabajo del sector privado.
Sin embargo, el alarmante nivel de endeudamiento con bonos no ha producido un gran descenso en la pobreza y la miseria, ni ha conseguido una mayor equidad. Aquel “férreo” criterio técnico inicial cedió ante el prebendarismo partidario y a la corrupción denunciada en numerosos empredimientos de obras públicas.
La reiterada promesa de que estábamos por alcanzar el grado de “desarrollo”, que generaría un aluvión de inversiones, jamás se logró. Y, finalmente, el número de desempleados incluso creció en el área metropolitana, según cifras oficiales. La educación y la salud no mejoraron sustancialmente sus indicadores.
El mayor perjuicio de la administración que se va radica en el deterioro de la institucionalidad de la República. Ningún país logró alcanzar el desarrollo sin el respeto a las instituciones, y mientras los políticos, jueces y legisladores no lo entiendan, seguiremos siendo un país atrasado.