Algo pasa en Nueva Durango

La denuncia está en la fiscalía, en la Policía y en la prensa. Los denunciantes dieron la cara, tienen nombres y apellidos con trayectoria conocida de trabajo en el país, pero al parecer a nadie le importa lo que sucede en Nueva Durango, una colonia menonita ubicada en el distrito de Curuguaty (departamento de Canindeyú), donde la ley es un pastor.

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Los afectados que se animaron a denunciar demandaron los siguientes hechos punibles: violación de los derechos humanos, abuso de poder, torturas y discriminación social, pero las transgresiones legales ajustadas a términos jurídicos aparentan muy simples y poco elocuentes para ilustrar lo que realmente sucede en aquella comunidad.

Antes de avanzar convengamos en que nunca a nadie interesó lo que sucedía en las comunidades menonitas, porque se consideraba que en la práctica no formaban parte de nuestra nación y como ellos tenían más interés en relacionarse con los indígenas que con los paraguayos, tampoco nunca se demostró interés paraguayo en relacionarse con ellos. Los prejuicios de ambas partes hacían que se mantuviera distancia entre unos y otros.

Las cosas cambiaron, los menonitas no solo invadieron con éxito la economía sino también la política hasta llegar a los resortes del poder, y ahora están integrados de acuerdo con el Estado de derecho vigente en el país, por lo menos en la mayoría de los casos.

Sin embargo, en Nueva Durango dicen que las “autoridades” del lugar conservan un régimen fundamentalista donde está prohibido el uso de celulares, radio y televisión, bicicleta, moto y vehículos.

También está prohibido practicar deportes y todo tipo de recreación, así como el uso de internet, el consumo de todo tipo de bebidas, estudiar en escuelas, colegios y universidades, trabajar fuera de la colonia y no permiten a los jóvenes menonitas socializar con jóvenes paraguayos.

Quienes infringen las normas son sometidos a torturas, como golpes con cables trenzados o goma de polea, se les expulsa de la religión y se les expropia sus ahorros de la cooperativa, de donde también son expulsados. Tampoco pueden asistir al sepelio y velatorio de familiares (http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/denuncian-un-supuesto-regimen-fundamentalista-en-nueva-durango-1363976.html).

No entiendo cómo puede existir aún en esta época esta clase de Jonestown o Templo de Dios, como la que el tilingo Jim Jones creó en Estados Unidos en la década del sesenta y quien, ante las críticas persistentes, huyó a Guyana con más de 900 de sus seguidores, quienes terminaron “suicidándose” con él, luego de asesinar a varios “indisciplinados” y de acribillar a un congresista de los Estados Unidos y cuatro acompañantes que fueron a husmear lo que estaba haciendo el reverendo.

Desde entonces en los Estados Unidos tienen mucho más cuidado con las organizaciones, sobre todo las que invocan religiones y otros asuntos que implican peligro para las personas, algo que no estoy viendo aquí, por lo menos a raíz de la grave denuncia formulada por los disidentes de Nueva Durango.

Cada ciudadano tiene el derecho de profesar la religión que le parezca y si lo considera pertinente puede encerrarse para ello en el templo todo el día durante el tiempo que considere, pero de ahí a imponer su “autoridad” por medio de la tortura y de coartar la libertad de las personas, inclusive de estudiar y en algunos casos incluso de recibir atención médica, hay un solo paso a la locura.

Tampoco es un drama nacional que una persona llegue a un estado de insania mental, pero cambia la cuestión cuando esa persona se erige en autoridad y Dios, y que además exista quienes lo creen y obedecen, porque al estilo Jim Jones un buen día puede ordenar que se produzca una tragedia. Alguien dijo que ya no existe territorio liberado en Paraguay. Si se refería a Nueva Durango, tiene razón; ahí todo el mundo está atado y nadie está liberado, pero es otra nación dentro del Paraguay.

ebritez@abc.com.py

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