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Los iturbeños tienen claro que es necesario que la fábrica funcione y en definitiva no les interesa si es el Estado o alguna empresa privada la que la reactive.
La situación de los cañicultores y ciudadanos de Iturbe, como la de los acreedores de la azucarera, se complica cada día. Un reducido grupo de acreedores, que poseen en garantía de fideicomiso los bienes de la fábrica, quieren rematarla para recuperar sus inversiones. En este caso se vendería “al costo de mercado” sin tener en cuenta el pasivo de la empresa.
El posible remate de la azucarera preocupa a los otros acreedores que no están dentro de este proceso de venta a través del fideicomiso, ya que, de concretarse, les sería prácticamente imposible recuperar sus inversiones. Entre los que saldrían afectados se encuentra el mismo senador González Daher, cuya familia tendría unos US$ 13 millones en el ingenio guaireño, según indicó su colega Nelson Aguinagalde.
Paralelamente al fideicomiso, la convocatoria de acreedores continúa congelado en el juzgado de Villarrica. Los cañicultores y ciudadanos de Iturbe están desorientados y asustados porque en medio del hermetismo con que se manejan ambos procesos, los directivos difundieron el rumor de que si la fábrica se llega a subastar, no se venderá totalmente y esto podría desembocar en su desmembramiento y cierre definitivo.
En medio de la confusión, el Gobierno debe buscar algún mecanismo –sin afectar el bolsillo del contribuyente– para garantizar el funcionamiento de la azucarera, pulmón económico de Iturbe y la región.
gaston.ortiz@abc.com.py