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En nuestro país, sin embargo, y especialmente en las instituciones públicas, en los últimos años fue utilizado para cometer abusos, cubrir irregularidades, defender a corruptos y obtener beneficios personales a costa de las instituciones sostenidas con dinero de la ciudadanía. Para muchos “dirigentes” fue una buena excusa para cobrar sin trabajar abusando de la licencia sindical.
Hace dos semanas, el IPS decidió poner límite a uno de esos casos, y despidió a la eterna sindicalista Estela González. El caso fue presentado como un ataque al sindicalismo; sin embargo, la realidad es que González no marcó tarjeta durante varios meses del año pasado, lo que significa que simplemente no fue a trabajar. La mujer se defendió diciendo que tenía fueros sindicales. O sea, el solo hecho de ser dirigente sindical ya le da derecho a que la ciudadanía le pague un salario sin trabajar.
A mitad de semana, en la Cámara de Senadores se vio otro caso de abuso sindical. Los funcionarios, encabezados por Hugo Caballero y la “novia” del senador Ramón Gómez Verlangieri, ofrecieron un bochornoso espectáculo al impedir que la nueva jefa de Recursos Humanos nombrada por la presidencia del legislativo asumiera su cargo. No se sabe a ciencia cierta la razón de esta manifestación. Lo que se escuchó es que la actual administración busca ejercer un mayor control sobre el funcionariado en una institución donde pululan los planilleros con salarios de primer mundo; y donde el hecho de ser amiga, amante, pariente u operador político es suficiente currículum para ocupar un cargo, o simplemente acceder a un buen ingreso bajo la figura de “asesor”. El propio Caballero tiene un salario de G. 15.000.000 y su cargo es “director de guardería”.
Los abusos que se cometen en las instituciones públicas no tienen límites, y los sindicalistas, lejos de denunciar, se hacen cómplices. A los beneficios personales se suman en varios entes los “logros” colectivos aberrantes como el pago por “presentismo” (cobrar por ir a trabajar) o que en instituciones como la ANDE los trabajadores solo paguen el 50% del total por el uso de energía.
En estos momentos, Función Pública está revisando los contratos colectivos y se anuncia la publicación de listas de planilleros. Si tienen el coraje de mostrar, veremos aún a muchas “novias” de poderosos tirándose al piso en defensa de sus privilegios, como ocurrió en el Senado.
nespinola@abc.com.py