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En el distrito de Mariscal López, en el caso de la invasión por los “carperos” de las fincas 80 y 240, el 26 de julio del año 2013 un juez de primera instancia emitió una orden de desalojo, con las coordenadas geográficas de las viviendas precarias que deben ser desmanteladas, pero la Policía pone “peros” para cumplir el mandamiento. En un primer momento fue porque no estaban bien determinadas las viviendas a ser derribadas por las fuerzas públicas; después alegaron que no tenían efectivos policiales suficientes por operativos en el norte y una serie de excusas más.
Los asesores jurídicos de la Policía Nacional, desde la implementación del protocolo de desalojo de la era Filizzola, se ponen a juzgar primero si una orden emitida por un juez competente debe ser ejecutada.
En Santa Rita, en el caso de la finca 2.382, en octubre del año pasado, fue emitida una segunda orden de desalojo para restituir la finca a su legítimo propietario, según una sentencia judicial. Sin embargo, una vez más la institución policial –no deliberante, que por imperio de la Constitución Nacional está para hacer cumplir las leyes y resguardar el orden– no la está cumpliendo.
En ambos casos, Mariscal López y Santa Rita, los dueños, títulos en manos, con sentencias judiciales favorables, no pueden hacer uso de sus respectivos inmuebles. Mientras, los ocupantes tranquilamente proceden a cultivar la tierra.
Qué tipo de inversionista querrá arriesgar su capital en un país donde una orden judicial se convierte en letra muerta y los encargados de velar porque se cumplan los mandatos se cruzan de brazos o ponen excusas para no ejecutarlos. ¿A quién acudiremos ante esto?
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