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Al llevar adelante el mezquino propósito citado, desoyendo por tantos meses el clamor de los ciudadanos no vinculados con las cúpulas que acaparan la función pública (en los tres poderes del Estado) considerándola como un botín intransferible, los impulsores demostraban claramente que no les interesaba cómo iba a quedar afectado el país.
Quisieron convencer a los ciudadanos y lograr su aprobación con la falaz propaganda de que este es un gobierno “transparente” y el que como nunca antes encara obras públicas. Sin embargo, las numerosas denuncias de corrupción que aparecen casi todos los días echan por tierra el primero de los supuestos logros mencionados, al no efectuar el Poder Ejecutivo denuncia penal alguna ni sanción administrativa contra los responsables de los multimillonarios robos al erario, y en el segundo caso, sí hay algunas obras de infraestructura, pero no se diferencia en demasía con lo que hacían otras administraciones.
Para que un gobernante pueda ser bien recordado necesita hacer mucho más que las tareas comunes de su función, lo cual no ocurre aquí. El Paraguay requiere convertirse en un Estado donde la administración pública ya no esté dominada por la corrupción, que se la combata a cualquier costo. Pero desde el mismo Poder Ejecutivo se incentiva la persistencia de ese mal crónico contrariamente a lo que pregona tímidamente de vez en cuando, al tener en su seno o como aliadas políticas a personas requeridas y con múltiples pruebas en contra, por la Justicia. Algunas de ellas incluso lamentablemente tienen el cargo de “asesor”.
Y por lo ya mencionado como por las malas experiencias que hubo en nuestro país y en otros, o como sucede en Venezuela en este momento, cuando un presidente de la República consigue por el método que sea la reelección, con el tiempo se transforma en dictador autoritario y su ambición y la de sus sostenedores lleva a la sociedad hacia la perdición en lugar de hacia el soñado desarrollo equitativo.
Afortunadamente la presión de los sectores decentes del Paraguay y de varios organismos internacionales y otras naciones, el mismo Horacio Cartes declinó de su intención continuista pero solo después de que el daño ya estuvo hecho y haya sido asesinado un defensor de la democracia: el joven Rodrigo Quintana.
La amenaza, sin embargo, continúa latente porque se pretenderá de nuevo cambiar la Carta Magna para que habilite dicho propósito angurriento, y cuando aparezca los paraguayos no cómplices de las estructuras políticas putrefactas dominantes debemos protestar otra vez enérgicamente para frustrarla.
La alternancia en el poder es lo más apropiado que se necesita lograr en nuestra nación, y en lo posible el elegido no debe ser un “pato Donald” (calificación que había dado un político, ya extinto ahora) manejado por los mismos grupos insaciables que demasiados perjuicios ya ocasionaron al pueblo.
Es crucial para el Paraguay que se candidaten para presidente –o para cualquier otro puesto público del gobierno central o regional– personas de bien que no tengan en mente encumbrarse solo por vanidad o para sacar provecho del cargo para él, para su partido político o sus parientes y hurreros indignos, sino para el noble y único objetivo que debe haber, que es el de engrandecer a la República por medio del trabajo honesto y justo del gobierno junto con la comunidad, y que los beneficios sean para todos los pobladores del país.