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La política exterior “es aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad internacional”.
La política interna y la política exterior “son dos facetas de la misma realidad política”, están íntimamente relacionadas. La política exterior está fundada en los mejores intereses del Estado y es instrumental para alcanzar objetivos nacionales.
Si aceptamos que todos los gobiernos de las democracias de América Latina tienen el propósito y la obligación fundamentales de mantener la paz y seguridad de sus países para poder desarrollar políticas sociales, económicas y de progreso, debemos reconocer que en la formulación de la política exterior de cada Estado es elemental la identificación de la condición de los otros sujetos de la comunidad internacional.
Insisto en que la realidad objetiva de la región presenta en el siglo XXI la existencia de dos Américas divididas por la naturaleza de sus gobiernos y sistemas: la democrática y la dictatorial de crimen organizado. Una legítima y otra de facto. La primera con estado de derecho y la segunda con regímenes de oprobio. La democrática con libertades y la dictatorial con presos y exiliados políticos. Dos Américas cuyo eje de confrontación no es ideológico sino metodológico, pues la democrática está fundada en el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y la dictatorial en el uso del crimen organizado desde el poder estatal para perpetuarse indefinidamente en el poder.
Las dictaduras de crimen organizado bajo la jefatura de Cuba han disfrazado de política su actuación criminal con la desgastada propaganda de la revolución cubana hasta que el fracaso es inocultable y vergonzoso como productores y exportadores de miseria y crimen. Se han presentado como movimientos populistas hasta que las mayorías nacionales han empezado a echar a los dictadores como ha sucedido en Ecuador y Bolivia y repudiar a los opresores como acontece en la propia Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua hoy, y en su momento las de Ecuador con Correa y Bolivia con Evo Morales, vistas objetivamente son centros de violación permanente de derechos humanos. Son narcoestados que alientan, realizan y protegen el narcotráfico. Auspician y están vinculadas a diversos niveles de terrorismo dentro y fuera de la región. Conspiran y digitan sedición haciendo uso de los privilegios e inmunidades de sus embajadas y agentes diplomáticos. Realizan tráfico y trata de personas como crimen expresamente señalado por la Convención de Palermo, esclavizando a médicos y profesionales para producir ingresos a Cuba. Han creado y controlado los casos más grandes de corrupción interna y transnacional como el “lava jato”. Promueven migraciones forzadas como instrumento de desestabilización y presión.
Protegen narcotraficantes y terroristas como el caso del ELN y las FARC. Y mucho más…
Este resumen de actos criminales que en el siglo XXI son del castrochavismo, resultan solo la repetición de similares crímenes practicados por la dictadura de Cuba desde la década de los sesenta en que ensangrentó la región con guerrillas, terrorismo, narcotráfico… Es más de lo mismo y es la dictadura de Cuba por 61 años.
Con esas acciones de clara agresión contra las democracias de América Latina y con la indiscutible dirección cubana en ellas, las preguntas son: ¿por qué los gobiernos democráticos siguen sin considerar abiertamente un “estado agresor”, un “régimen enemigo” o “un sistema de crimen organizado” a la dictadura de Cuba? ¿Por qué las democracias insisten en mantener políticas exteriores de simulación e indefensión frente a la agresión dictatorial? ¿Por qué continúan relacionándose y comerciando con Cuba en lugar de ajustar sus políticas exteriores a la protección de su propia estabilidad?” [©FIRMAS PRESS]
*Abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
@csanchezberzain