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Si bien el número parece insignificante con relación al total de municipalidades de todo el país (255), igualmente resulta llamativo y preocupante. El hecho de que 228 administraciones municipales hayan presentado sus balances ante la Contraloría General de la República como manda la ley no significa que los gastos fueron correctos. Ya veremos que en los próximos días saltarán facturas de peluquerías, compras sospechosas de mobiliarios, carretillas sobrefacturadas y hasta edificios “fantasmas”, al solo efecto de intentar justificar las erogaciones.
Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, las municipalidades y gobernaciones recibieron en conjunto un total de G. 2,3 billones (US$ 383 millones) al cierre del ejercicio fiscal 2019 en concepto de Fonacide, royalties y otros conceptos. Esta millonaria suma representa un incremento del 2,5%, comparado al mismo periodo de 2018, de acuerdo a los datos oficiales.
De ese total, las 255 municipalidades recibieron el año pasado G. 1,3 billones mientras que las 17 gobernaciones, G. 1 billón. Aquí cabe una pregunta: ¿La mayoría de los intendentes tienen la capacidad suficiente de administrar ese dinero correctamente? Una cosa es ganar elecciones y otra cosa es gobernar con eficiencia. Los candidatos parecen tener más virtud para la primera que para la segunda.
A esto se suma que algunos candidatos ven los millonarios recursos de Fonacide y royalties para pasar al frente. Algunos lo lograron, en gran parte gracias a una justicia que le cuesta perseguir a la clase política. En consecuencia, tienen pista libre para llevarse esos recursos a sus bolsillos.
Hasta el momento hay solo dos exintendentes condenados por desvío de estos fondos. Creo que se quedaron cortos.
Recuerdo cuando se debatió política y mediáticamente este tema se advertía que esto iba a ocurrir. Pero muchos a boca llena defendieron la autonomía municipal, la descentralización, etc., etc. tal vez para quedar bien ante la sociedad pero la realidad demostró que los royalties y Fonacide no mejoraron la calidad de vida de los ciudadanos de esos pueblos. Pero sí generó “nuevos ricos” dentro de la clase política, con ambiciones incluso legislativas varios de ellos.
Incluso otras voces advirtieron el despilfarro que estamos viviendo hoy pero le persiguieron con la escoba porque atentaba contra el masivo pedido de los intendentes.
En este año netamente electoral, ningún legislador se animará a presentar un proyecto de ley para que el Gobierno Nacional administre esos recursos, en caso de que esa sea la solución.
Un gran avance fue la sanción a los intendentes y gobernadores que no tienen aprobados sus balances. El castigo consiste en cerrarles la canilla hasta que se pongan al día. Pero ahí tenemos un grave problema: el principal perjudicado será el habitante de ese municipio y no el jefe comunal y/o los concejales.
Particularmente creo que por ahí está la cuestión. Deberíamos destituir incluso a un intendente en cualquier momento de su mandato, en caso de comprobarse una pésima administración con estos recursos porque no solo defrauda el juramento sino que le priva a sus compueblanos de obras sustanciales para su pueblo. Esta figura está vigente pero tiene un problemita: deja a merced de la Junta Municipal el pedido de intervención y el “blanqueo” o castigo a la Cámara de Diputados.