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Y en la dura economía de cada día, esa situación de pobre aporte parlamentario es perjudicial. Y ese perjuicio es más notorio aún en este tiempo de crisis (de crecimiento negativo como gustan decir los economistas). Cuando más se necesita de iniciativas transparentes y sobrias, ellos (los legisladores) apuntan en sentido contrario, dando prioridad a batallas partidarias, a esfuerzos casi tramposos para salvarse unos a otros de la cárcel o de una investigación judicial amenazante.
El “lero lero” de las peleas de “escueleros” entre facciones internas, con el que legisladores y otros “líderes” se burlan de la población, siempre termina en reuniones de reconciliación en grandes residencias, sin vencedores ni vencidos, mientras el “común” de la gente muerde su impotencia, sabiendo que mañana le puede ir peor, porque la economía se ha frenado.
Y así, como cada año, llegamos a la segunda quincena de agosto y se apuran los números sobre el presupuesto de la nación. Esta vez se va a presentar al Congreso el día 29, según anunció el Ministerio de Hacienda. Y, como cada año, diversos sectores se aprestan a pescar en río revuelto para sacar la mejor tajada posible de los fondos del Estado, sin importarles si estamos bien o mal.
Y claro, senadores y diputados van a escuchar a su “pueblo”, los supernumerarios funcionarios públicos, incluyendo por supuesto a los maestros, que han conformado un respetable grupo de presión política y no tienen empacho en paralizar el sistema educativo en provecho personal.
Necesitamos otras voces, más fieles a la realidad, más analíticas, más constructivas, más previsoras, con más respeto a la suerte de la gente que trabaja, crea e invierte; necesitamos una especie de legislativo económico que deje al descubierto los planes y las acciones que acostumbran urdir contra el país los “intransparentes” y “patrañosos” miembros de los poderes del Estado.
El martes pasado tuvimos un ejemplo. Se reunieron unas 400 personas, decían las noticias, en un foro empresarial en Asunción, con decenas de dirigentes del sector privado gritando sus verdades sobre la economía y la miserable incidencia de la mala política. Citaremos a algunos, con párrafos reproducidos en nuestro diario. “Basta de luchas políticas, que el Poder Judicial acabe con la impunidad, que nos pongamos a trabajar todos por el país” (Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay-ARP). “Se terminó el recreo, los votos de la ciudadanía no fueron un cheque en blanco, es hora de que las autoridades trabajen por el bienestar de todos y no solo de la caja registradora personal” (Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción-UGP).
“Ese es el riesgo que está a la vuelta de la esquina, el presupuesto general de la nación. Tenemos que obligar a que se cumpla el presupuesto previsto, porque un incremento significará más impuestos y va a romper toda la macroeconomía, con déficit, inflación y todo lo que venga”, alertó el conocido empresario Víctor González Acosta, mientras que una señora de nombre Valeria Insfrán, del sector productivo arrocero, dijo que “el Estado se debe achicar, terminar con el despilfarro y garantizar la seguridad jurídica”. Y casi en el mismo sentido se pronunció Agustín Andrada, del Club de Ejecutivos, para pedir la reforma de la Justicia, porque reina la impunidad, que es la madre de todos los problemas que nos corrompen. “Hoy estamos como estamos, porque no existe justicia”, afirmó. También hubo autocríticas: “Los gremios deben dejar la hipocresía y la complacencia y no ser chupamedias del Gobierno” (Carlos Jorge Biedermann, de la Cámara de Anunciantes-CAP).
Suenan distinto. Evidentemente hay otro Paraguay, otro “legislativo” que empieza a hablar y que vale la pena que sea escuchado.