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El uso del Fonacide para fines ajenos a su naturaleza perjudicó a instituciones educativas. Una de ellas es la escuela básica Nº 1464 “Victoriano Arroyo” del barrio Potrerito, donde fueron destechadas cuatro aulas, además de la sala de la dirección y luego abandonadas.
Otra escuela afectada es “Reino Unido” de la colonia Thompson. En la institución la Comuna debía terminar una sala, cuya construcción fue iniciada por los padres.
En la escuela Ezequiel Ramírez comenzó la edificación de un aula para el jardín por G. 125 millones y quedó inconclusa.
Las tres obras fueron adjudicadas en agosto de 2015 a la empresa LF, de Miguel Ángel López, por más de G. 276 millones.
La fiscala de J. Augusto Saldívar Brígida Aguilar imputó por presunta lesión de confianza a Ortiz y a la contadora de la Comuna, Elva Corvalán. Se habla de un perjuicio de G. 1.850 millones, aunque la fiscala indicó que el monto de los últimos tres años superaría G. 2.000 millones.
Aguilar se inhibió del caso debido a amenazas de muerte en su contra y su familia, así como por la medida alternativa a la prisión que otorgó el juez Roberto Saldívar a los imputados.