Como las tarjetas eran para Inteligencia y Antisecuestro de la Policía Nacional, las mismas contaban con una mayor capacidad con respecto a las que son destinadas a tareas comunes.

Normalmente, las tarjetas de combustibles para tareas comunes oscilan entre G. 1.400.000 y G. 2.000.000. En cambio, las que son para las unidades especializadas, dependientes de la Dirección de Apoyo Técnico, no cuentan con límite alguno para el retiro de gasolina. Las casi 200 tarjetas nunca llegaron al destino para el que habían sido solicitadas, como ser el combate a los grupos criminales EPP y ACA en el norte del país.

Al no contar con límite alguno, en ocasiones se registraron cargas por valor de G. 3.000.000 en apenas tres minutos.

Tras la presentación de la denuncia, el Ministerio del Interior decidió sumariar y remover al Crio. Juan Mendoza de su cargo de tesorero del Programa 2.1.1. En su reemplazo fue nombrado el comisario principal Darío Venancio Vera Ramos.

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