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La defensa de Vilmar “Neneco” Acosta Marques, sindicado como el autor intelectual del homicidio del periodista Pablo Medina y de su acompañante Antonia Almada, había planteado en mayo último una apelación solicitando que se haga una reconstrucción del doble asesinato, pero la Cámara de Canindeyú no hizo lugar a la petición requerida por ser improcedente.
Sin embargo, llamativamente lo más importante llegará a la Cámara recién este mes, y tiene que ver con la apelación sobre la fecha de audiencia preliminar en la cual se debe determinar si el caso se eleva a juicio oral.
El juez Carlos Martínez había rechazado por improcedente aquel pedido de la defensa bajo la figura jurídica de recurso de reposición contra la resolución que fijaba como fecha de esa audiencia el 8 de junio.
Ese recurso de reposición fue acompañado de una apelación en subsidio (lo que significa que si es rechazado, sea estudiado en instancia superior (Cámara), con lo que se evitó la posibilidad de que se realice la referida audiencia preliminar.
El juez fue recusado, pero al ser confirmado en el caso “olvidó” remitir el pedido de la defensa a la Cámara.
Recién ahora que se resolvió la apelación sobre la reconstrucción (la cual no se va a realizar), el magistrado se percató de que había otra apelación pendiente.
Recién una vez que quede firme el fallo sobre el rechazo de la reconstrucción, el juez podrá enviar nuevamente el expediente a la Cámara para que estudie la otra apelación (la de la audiencia preliminar).
Luego el expediente irá a la Cámara en donde el vicepresidente de sala es Gustavo Brítez. Los otros miembros son Carlos Domínguez y Belén Agüero. Esta última es subordinada de Brítez en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Canindeyú, donde el mencionado camarista es decano, por lo que, según nuestras fuentes, juntos hacen mayoría en el Tribunal que integran.
Según recuerdan los pobladores más antiguos de Salto del Guairá, Brítez tiene un largo historial como supuesto “cabritero” (persona que se dedica a la compraventa de vehículos robados del Brasil). Esta actividad la habría ejercido por un buen tiempo, antes y durante su formación como abogado.
Casualmente, es un “oficio” al que según las denuncias se dedicaba también el hermano de Cristina, el exintendente de La Paloma Carlos “Cabrito” Villalba.
Oficialmente no existen registros de estos hechos, teniendo en cuenta que el autotráfico era considerado un negocio normal en la frontera, con la complicidad de la Policía y otras instituciones.
Existen varias versiones que sostienen que el letrado estuvo en la mira de la Policía brasileña, pero actualmente entra y sale del territorio brasileño sin impedimentos.
Ascendió rápidamente en su faceta como “hombre de derecho”, gracias a su estrecha vinculación con el clan Villalba.
Es su época fue uno de los abogados mejor pagados de la zona y su clientela estaba conformada por terratenientes y empresarios. Ganaba la mayoría de los casos mediante su muy “buena relación” con los magistrados locales y de Asunción.
Cuando Cristina Villalba fue elegida diputada por Canindeyú en el 2013, le hizo contratar en la Cámara de Diputados como su asesor, cargo que ocupó hasta que fue nombrado camarista.