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En conversación con ABC Cardinal, Moreno recordó que en el año 2014, la Procuraduría emitió un dictamen respecto al contrato que la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) había firmado con la Suisse Investment Corp. para el uso de 1,2 hectáreas ubicadas dentro del mismo predio de la entidad en la zona primaria del Puente de la Amistad.
Moreno recordó que recomendó la rescisión de aquel contrato porque no se había hecho un concurso de precios y porque a la firma se le entregó en concesión el inmueble “que estaba en una zona primaria, lo cual está prohibido, por lo cual el contrato en ese caso tenía un objeto nulo”.
El procurador señaló que en el caso actual, “si se hace sin licitación y si se hace sin sacar de la zona primaria el inmueble, va a ser igual de nulo. Va a ser nulo lo que hagan. Sencillo”, declaró ayer.
Cabe acotar que el presidente Horacio Cartes ya autorizó el llamado a licitación en el predio de la ANNP pese a la seria irregularidad de que en ese sitio funciona aún la zona primaria aduanera.
Moreno sorprendió ayer al explicar que si la ANNP u otro organismo estatal involucrado no consulta al respecto, la Procuraduría no tiene potestad para intervenir en lo que está ocurriendo debido a los vacíos legales existentes, según él.
El procurador afirmó que el decreto todavía no se implementó y que la Procuraduría no tiene funciones preventivas ni de investigación, como la Fiscalía. “El decreto es una cosa y la licitación es otra. Es decir, al momento de licitar tiene que estar desafectado”.
Como argumento para no intervenir en el proceso de lo que será el despojo de un inmueble del Estado paraguayo, el Dr. Roberto Moreno alegó que la Procuraduría fue creada con la Constitución Nacional, pero que no se dictó aún una carta orgánica que defina las atribuciones de la entidad. “Hay un vacío legal importante”, enfatizó apuntando sobre todo hacia las entidades como ANNP o Petropar. Dijo que están trabajando y desarrollando “el concepto institucional que es defender el patrimonio del Estado”.
Sin embargo, teniendo en cuenta lo que señala la Constitución Nacional, en su artículo 246, ese vacío legal no existe, ya que permite que la Procuraduría intervenga de oficio ante cualquier amenaza sobre un patrimonio del Estado paraguayo. El artículo 246 señala, entre los deberes y atribuciones del procurador general, la responsabilidad de “representar y defender, judicial o extrajudicialmente, los intereses patrimoniales de la República”.