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Con esta maniobra, las autoridades pretenden encubrir a los que autorizaron la operación clandestina, que en realidad habría consistido en detonar la bomba en el campamento de la banda ACA.
La mortal explosión del 26 de noviembre del año pasado, en la que perdieron la vida el capitán de Ingeniería Enrique Daniel Piñánez Ciancio (34) y el suboficial de Infantería José Manuel González Ferreira (39), se produjo presuntamente en el marco de una operación clandestina de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que planeaba detonar a distancia una bomba introducida por un informante a un campamento de la Agrupación Campesina Armada (ACA).
Esta práctica ilegal para acabar con los terroristas, sin embargo, nunca llegó a ser ejecutada debido a la inesperada y hasta ahora confusa explosión en la camioneta en la que estaban los dos militares, más el agente especial de la Senad, Juan Manuel Jara, y una cuarta persona que, según el Gobierno, se trató de un agente especial infiltrado, pero que para muchos era el informante que debía transportar la bomba.
Desde el día siguiente de la tragedia, el Gobierno, a través del Ministerio Público y del Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), se encargó de hacer creer inicialmente que los dos militares murieron en un atentado de la precoz gavilla Agrupación Campesina Armada (ACA), un desprendimiento de la otra banda armada, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Sin embargo, la serie de contradicciones e incoherencias en las que incurrieron los investigadores, encabezados por el fiscal Joel Milciades Cazal Cristaldo, rápidamente condujeron a la familia de los fallecidos a sospechar que las autoridades pretenden encubrir a los responsables.
Uno de los principales cuestionadores de la versión oficial es el padre del capitán Piñánez, el general de Brigada retirado Herminio Piñánez Valmori (75), quien redactó un extenso relatorio publicado por nuestro diario y que incluye interesantes testimonios y graves acusaciones contra los responsables de la FTC, supuestamente también involucrados en un esquema corrupto y de extorsión que se practica en el nombre de la lucha contra el EPP y la ACA.
La primera explicación sobre el fallido operativo en Cuero Fresco, proporcionada esa misma noche por los camaradas de los fallecidos y que después sería confirmada por el general retirado Piñánez, señalaba que el hijo de este, el capitán Piñánez Ciancio, había sido convocado para diseñar la bomba.
En cambio, la FTC, que era comandada entonces por el general de Brigada Ramón Hernesto Benítez Amarilla, alegó que las víctimas estaban asignadas a una simple patrulla preventiva desplegada para tratar de interceptar una carga de explosivos.
En el caso de que fuera cierto lo que el mismo capitán Piñánez le confió a su esposa horas antes de morir (que tenía que fabricar una bomba para la ACA), es el general Benítez el que tiene que explicar por qué autorizó la operación clandestina.
Por otro lado, la familia de Piñánez también acusó directamente al ministro de la Senad, Cleto Luis Alberto Rojas Ramírez, de ser uno de los responsables directos de la tragedia. El alto funcionario antidrogas participaba personalmente y hasta tomaba las decisiones más complejas en la FTC, a veces por encima del mismo general Benítez. Además, el hecho de que su segundo en el combate a los criminales, el director de Narcoterrorismo de la Senad, Juan Manuel Jara, también haya participado directamente de la misión quiere decir que Luis Rojas sabía de la operación ilegal y autorizó a su agente a intervenir.
Otra alta autoridad nacional, el ministro del Interior, Francisco José de Vargas Benítez, era el habitual enlace entre la FTC y el presidente Cartes. Incluso, muchas veces De Vargas tuvo que dar explicaciones hasta a los parlamentarios, lo que implica que avalaba cada procedimiento táctico en el Norte.
Entonces, el Gobierno ahora debe revelar quién de estas autoridades autorizó la operación clandestina, que antes que acabar con los verdaderos objetivos, los terroristas de la ACA, terminó matando a dos uniformados inocentes.