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La fianza establecida por el juzgado para Ada Liz es de G. 700 millones, cubierta por sus abogados Rogelio Cardozo y Óscar Rotela, quienes tienen 15 días para sustituir por inmuebles.
Para el comisario Juan Mendoza, exgirador de la comandancia, la fianza fue de G. 570 millones, cubierta con dos inmuebles de propiedad de su defensor, Carlos Rotela Peña. Ambos soportan además prohibición de salir del país y obligación de presentarse una vez al mes.
La primera en llegar fue Ada Liz Da Rosa, con el abogado Rogelio Cardozo. Mientras se dirigía al juzgado, la mujer fue increpada por ciudadanos que se encontraban ocasionalmente en tribunales y no pudieron contener su indignación.
“¿No tenés vergüenza?”, “Dame tu fórmula, ¿a ver?”, ¿Y ahora venís con esa ropa gastada? Por favor!”, le espetaron, mientras su defensor urgía la apertura de la puerta del juzgado para “zafar” a su defendida del escrache.
El comisario principal Juan Mendoza llegó posteriormente. La audiencia del exgirador de la comandancia quedó suspendida por instantes, debido a que el mismo se presentó uniformado, lo cual no está permitido (artículo 369 del Código Procesal Penal).
El juzgado le dio tiempo para que consiguiera una camisa, con la cual participó finalmente de la audiencia.
“Yo mandé cancelar estas tarjetas. Si yo tuviera participación en este hecho investigado no actuaría de esta manera, entonces Petropar desde el lunes 4 empezó a realizar las distintas gestiones, pero mi medida precautoria es del sábado 2 de mayo y eso quiero que conste en todas las instancias que correspondan”, afirmó el exjefe policial.
Mendoza sostuvo que el suboficial Osorio, actualmente preso, actuó en forma unipersonal y sin autorización e instó a la Fiscalía a identificar a todos los responsables del fraude.
La diligencia se realizó en el juzgado a cargo del magistrado Amarilla.
Defensa pide excluir bien
Ada Liz no habló con la prensa. Sí lo hizo uno de sus defensores, Óscar Rotela, quien dijo que su defendida recibió con gran sorpresa la imputación.
“Fue totalmente una sorpresa por muchas razones. El inmueble de San Bernardino data del año 2004, a hoy ya no puede incorporarse como un hecho punible de enriquecimiento ilícito porque a los 10 años prescribe eso porque la expectativa máxima de pena es hasta 10 años”.
“El caso de la residencia de la señora corresponde a la sucesión de su madre, es un bien propio de la señora y es una construcción de antigua data. Eso ya está en la carpeta fiscal, ya se agregaron los documentos que justifican esos extremos”, afirmó.