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Ante la presunción de comisión de delitos ambos casos quedan a cargo de la Corte castrense, confirmaron en la institución.
Una de las denuncias reveló que José Tomás Benítez Villalba falleció el 9 de diciembre del 2014, pero siguió cobrando su sueldo, aguinaldo, seguro médico como funcionario del Cuartel de Villarrica y hasta le “beneficiaron” con reajustes salariales. El general Roberto Amado Garcete, comandante de la unidad de Misiones sospechado de arrendar predio militar para negocio ganadero, figura como principal responsable del pago al muerto.