Asaltos, tráfico de rollos y abigeato en Marina Cue

El conflicto que derivó en 2012 en la masacre de Curuguaty se inició por lo menos siete años antes, cuando el periodista de ABC Color Pablo Medina Velázquez (posteriormente asesinado) publicó por primera vez las acciones del Estado paraguayo para recuperar las 2.000 hectáreas de tierras de la zona conocida como Marina Cue, asentadas dentro del predio de 50.000 hectáreas de la firma Campos Morombí. A partir de entonces, varios grupos campesinos invadieron la propiedad, pero durante todo ese tiempo los ocupantes más radicales deforestaban el bosque para traficar con rollos, asaltaban a los peones y hasta faenaban los animales de los demás arrendatarios.

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El 21 de julio de 2005, el corresponsal Pablo Medina publicaba en ABC Color un material que advertía la intención del entonces senador colorado Blas N. Riquelme de anexar definitivamente a su estancia Campos Morombí una porción de 2.000 hectáreas asentadas justo en el límite entre los departamentos de Canindeyú, Alto Paraná y Caaguazú, pero que de hecho ya usufructuaba desde hacía varios años.

Esa parte de la propiedad había sido donada al Estado paraguayo en el año 1967 por la firma La Industrial Paraguaya. La institución beneficiada con la donación fue la Armada Paraguaya, por lo que de ahí viene el nombre de Marina Cue.

Desde ese momento, varios grupos campesinos de la zona, que se enteraron de las maniobras de la familia Riquelme, iniciaron las sistemáticas invasiones en un intento por forzar la recuperación de esas tierras y ser adjudicados con al menos 10 hectáreas por cada familia ocupante, según el relato de los familiares de los labriegos fallecidos en el lugar.

Sin embargo, cuando Blas N. Riquelme consiguió en esa misma época que un juez le otorgara oficialmente la parcela, los ocupantes se volvieron mucho más radicales y violentos.

Mientras la Procuraduría General de la República también ejercía acciones paralelas para recuperar Marina Cue (proceso que está congelado hace cuatro años), el predio en disputa fue arrasado, por ejemplo, con una masiva deforestación denunciada por el propio Pablo Medina en un material publicado el 6 de febrero de 2009.

Entre otras cosas, el texto periodístico decía que los campesinos se instalaban por cuarta vez en el lugar, que abandonaron sus precarios ranchos para evitar ser desalojados y que los fiscales Miguel Rojas y Nimia Ávalos constataron una masiva deforestación.

Un año después, el 20 de enero de 2010, nuestro corresponsal ahora fallecido reportaba un nuevo desalojo en Marina Cue, que afectó a 45 campesinos.

Madereros de por medio

Las crónicas de Pablo Medina denunciaban en el año 2011 que “los invasores ya extraen rollos respaldados presuntamente por poderosos madereros de la región...”.

El 18 de enero de 2012, ya en los meses previos a la masacre, Medina reportaba nuevamente que los campesinos invadieron el inmueble, “destruyendo unas 30 hectáreas y evidenciando la intención de hacer desaparecer el área boscosa.

Al día siguiente, el grupo de campesinos ya se incrementó a 500 personas, que reingresaron con todo a Marina Cue, anunciando que resistirían.

La situación, que ya era insostenible, estuvo a punto de desbordarse el último día del mes de enero de 2012, cuando los campesinos de Marina Cue, apoyados por otros “carperos” como José Rodríguez, intentaron tomar la Fiscalía de Curuguaty y se enfrentaron contra la Policía.

El principio del fin

La radicalización de la lucha campesina, que para ese momento ya estaba evidentemente corrompida, llegó a un nivel extremo el 16 de mayo de 2012, cuando “un grupo de 30 personas, encabezado por Rubén Villalba (condenado) y Avelino Espínola Díaz (fallecido), asaltaron una caseta del establecimiento Campos Morombí”, según se confirma en el alegato de la Fiscalía, que además agrega que los atacantes amenazaron con armas a los peones para que abandonaran su rancho y que robaron dinero, armas, municiones y hasta víveres.

Para subsistir, los campesinos liderados por Rubén Villalba robaban animales vacunos, tal como ocurrió solo una semana antes de la masacre, cuando el grupo se enfrentó a balazos contra la Policía, cuyos elementos a su vez los sorprendieron faenando un novillo.

Las últimas publicaciones de Pablo Medina, justo días antes de la dantesca balacera, sobre la conducta violenta de los campesinos y la preocupación de las autoridades por las frecuentes invasiones, ya fueron solamente el vaticinio de un desenlace que se veía venir y que sumergió en la república en una de sus horas más negras, aquel 15 de junio de 2012.

¿Qué fue la masacre de Curuguaty?

Un enfrentamiento a tiros que dejó seis policías muertos y 11 campesinos fallecidos, iniciado a las 7:30 del viernes 15 de junio de 2012, en el predio de la firma Campos Morombí. La tragedia ocurrió a 5.000 metros de la Ruta X “Las Residentas”, en el kilómetro 282, contando desde Asunción, y a 35 kilómetros de la entrada al casco urbano de la ciudad de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú. Por el caso, recientemente fueron condenados 11 campesinos.

¿Qué pretendían los campesinos?

Ser adjudicados con una porción de 2.000 hectáreas de tierras, localizadas dentro del inmueble de la estancia Campos Morombí que abarca en total 50.000 hectáreas y que, según ellos, pertenecen al Estado por haber sido donadas en el año 1967 a la Armada Paraguaya por la firma La Industrial Paraguaya. En caso de que el Gobierno consiguiera recuperar la parcela, los labriegos planeaban repartirse a 10 hectáreas por cada familia que formara parte de aquella lucha iniciada siete años antes.

¿Cuál es la situación legal de esas tierras?

Pertenecen oficialmente a la firma Campos Morombí, desde el año 2005, cuando el juez de Curuguaty Carlos Goiburú hizo lugar a un juicio de usucapión a favor de la familia de Blas N. Riquelme, aunque en el año 2009 la Procuraduría General de la República inició un proceso para anular ese fallo, lo que fue concedido en 2011 por el juez Alberto Martínez Simón, pero en 2012 un Tribunal de Apelación revocó esa última disposición y el caso ahora debe ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia.

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